Dr. Jorge A. Lera Mejía
Después del ruido mediático mostrado, primero en la mañanera, cuando el Fiscal General de la República (FGR) declaró en respaldo a una filtración desde la bancada de Morena en el Congreso, un día anterior, que existía un grueso expediente contra el Gobernador de Tamaulipas, por tres presuntos delitos.
Tres largos días después, que el propio Gobernador se personara ante el Congreso, exigiendo el calificado como ‘grueso expediente’ en su contra y que la encargada de la secretaria del congreso afirmara que el mismo aún no se entregaba.
Posterior, el pasado viernes con gran publicidad se mostraba el arribo de un supuesto expediente, cargando más de tres cajas de cartón tipo archivo muerto por medio de dos ‘diablitos’, se dijo que ahí vendría el tan anunciado por más de un año expediente de la investigación que no se ha abierto ante el indiciado.
Después, por medio de un vuelo en ‘avión privado’, tres representantes de la FGR se dijo fueron a entregar a la capital de Tamaulipas, para trascender que de las tres cajas con información de tres graves delitos del orden federal, solo se documentaba un supuesto delito de ‘lavado de dinero’ por el no pago de impuestos por la compra de un departamento en Santa Fe de ’42 millones de pesos’.
Descrito este pasaje mediático, que aparenta ser más ruido y pocas nueces, ayer se supo que el abogado encargado de la defensa del intento de ‘desafuero’ del ejecutivo estatal, Alonso Aguilar Zinzer, señaló que, se demostrará que los 42 millones de pesos a los que se hace alusión en el expediente, son producto de la venta del inmueble y probarán también “haber cubierto el pago de los respectivos impuestos”.
En declaraciones en el programa de Ciro Gómez Leyva, abundó Aguilar Zinzer que “van a demostrar” que los 42 millones de pesos, recibidos por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en el 2019, fue por la venta del departamento que compró en el año 2013 y “no por otra clase de operaciones o actividades ilícitas”.
Siguió informando que “los 42 millones, los recibe Cabeza de Vaca, como co-propietario del inmueble y aunque la escritura fue firmada por él y su esposa, la operación de la compra-venta del departamento es legal, lo que dijo “puede probarse o corroborarse” con el ahora dueño del departamento, porque él aún vive en el señalado inmueble, ubicado en la Colonia Santa Fe de la ciudad de México.
La Fiscalía General de la República, supone o sospecha que, por el desarrollo de esta operación de la compra-venta del inmueble, ejercida por el mandatario tamaulipeco, se le pueden configurar lo delitos de “lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal”, esto se echará abajo, porque nada de lo que presume la instancia federal es cierto, subrayó Alonso Aguilar Zinzer.
A la vez puntualizó que, “si el dinero fue depositado a una empresa rural” que la familia tiene desde hace años, eso es legal y por consiguiente, “no hay delito que perseguir”.
Remata el abogado, al final de su declaración que “al no ser el gobernador un funcionario federal”, tal como lo exhibe y manifiesta la Constitución, “y tener un fuero que emana de su cargo”, otorgado este por los ciudadanos tamaulipecos y, “de no probársele los delitos de carácter federal que le imputan al gobernador Cabeza de Vaca”, tendrán ambas cámaras que homologar el proceso de desafuero, iniciado por el Congreso de la Unión, que, al final de cuentas quien tendría la última palabra en este caso, “sería el Congreso de Tamaulipas”.
Fuente: comentarios extraídos del Programa Ciro Gómez Leyva del 2 de marzo 2021.
