Agencias.- Una fuga de información entre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Policía de Investigación (PDI) de la fiscalía capitalina facilitó la fuga del exlíder del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, de la diputada local Sandra Esther Vaca Cortés y del exsecretario de Finanzas de ese partido, Roberto Zamorano Pineda, antes de que se libraran las órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa y trata de personas, en las modalidades de publicidad engañosa y explotación sexual agravada, en grado de tentativa.
Según informó el semanario Proceso, la juez decimosexta Penal de la Ciudad de México emitió la orden de aprehensión la noche del martes 2, pero Gutiérrez de la Torre fue alertado previamente, por lo que huyó antes de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tuviera en sus manos el mandato judicial.
La investigación del caso, que incluyó la reposición de los peritajes de audio y 40 nuevas diligencias, se mantuvo en absoluto sigilo entre el 11 de septiembre de 2020, cuando se anunció la revisión de la averiguación previa, y el 24 de febrero pasado, cuando la FGJCDMX resolvió ejercer acción penal contra el llamado Rey de la Basura.
Durante ese lapso la totalidad de la averiguación previa estuvo bajo llave en una oficina privada de la fiscalía. Menos de ocho personas, entre ministerios públicos, analistas y elementos de la PDI, tenían conocimiento de las nuevas diligencias, justamente para evitar que Gutiérrez de la Torre tuviera acceso ilícito al expediente.
A partir del 24 de febrero, cuando el expediente había sido entregado en los juzgados del tribunal y los elementos de la PDI entraban en acción, la secrecía de la indagatoria y la solicitud de una orden de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre se diluyeron. Nuevos actores tuvieron acceso al pliego de consignación que revelaba las nuevas actuaciones de la fiscalía.
Fuentes cercanas al caso confirmaron que a dos días de que la FGJCDMX ejerciera la acción penal contra el expresidente del PRI-DF, cuatro de los cinco imputados en la averiguación previa comenzaron a modificar los comportamientos que habían mostrado durante meses de vigilancia previa.
Así, el sigilo que se había guardado sobre este caso durante más de seis meses quedó en riesgo una vez que el pliego de consignación llegó a funcionarios de alto nivel en el Tribunal Superior de Justicia capitalino – presidido por el magistrado Rafael Guerra Álvarez– así como a la juez de turno, especializada en sistema penal inquisitorio.
LOS INDICIOS
La tarde del 26 de febrero los teléfonos celulares de Cuauhtémoc Gutiérrez, Sandra Vaca y Roberto Zamorano, este último actual secretario de Organización del PRI en la CDMX, comenzaron a operar de forma intermitente antes de dejarlo a hacer entre el viernes 26 y el domingo 28 de febrero.
Tras la consignación del expediente penal, un grupo de trabajadores pintó los muros de blanco para borrar el rastro de la familia de Gutiérrez de la Torre en su casa.
La única persona aprehendida por la Fiscalía fue Adriana “N”, identificada en la investigación periodística de Carmen Aristegui de abril de 2014, como la mujer que daba citas a las jóvenes de entre 18 y 32 años que llamaban al PRI capitalino para trabajar como edecanes.
A la par de la escapada de los funcionarios, Israel Betanzos Cortés autorizó los relevos de Vaca Cortés en el Organismo Nacional de Mujeres Priistas y de Zamorano Pineda en la representación capitalina de la Asociación Nacional de Unidad Revolucionaria.
