Por Mario Díaz
LA extrema violencia que se registra en distintas regiones del país, bien sea entre grupos delictivos antagónicos o de éstos en contra de las fuerzas federales y policías locales, deja entrever que urge un cambio drástico en el programa de seguridad pública del gobierno de la Cuarta Transformación.
El hecho de que para el extranjero el 30% de territorio mexicano esté controlado por los cárteles de la droga y el alarmante incremento de atentados, agresiones y asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular en el actual proceso eleccionario, reconózcase o no, es evidencia clara de que el flagelo de la inseguridad pública sigue siendo el talón de Aquiles del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y su gabinete de seguridad.
La masacre de policías municipales y estatales en el estado de México; el asesinato de tres agentes de la Fiscalía General de la República, en hechos sucedidos en Guanajuato; el intercambio de fuego entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano, en Guayabitos, Nayarit; y el enfrentamiento entre sicarios de cárteles distintos en Camargo, Tamaulipas, son casos concretos que demuestran la impunidad de los individuos que actúan fuera de la ley.
El avance del crimen organizado también se manifiesta en el control político de ciertos territorios indispensables para el desarrollo de sus actividades ilícitas. Durante el proceso eleccionario de 2018 fueron asesinados 48 aspirantes a puestos públicos y, actualmente, previo a las elecciones del 6 de junio, han perdido la vida 18 ciudadanos que habían manifestado su intención de participar en las elecciones concurrentes de 2021.
Cierto es que del 2000 a la fecha la violencia e inseguridad se incrementaron a lo largo y ancho de la república mexicana. Desde el sexenio de VICENTE FOX QUESADA hasta el que preside ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pasando por los períodos de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA NIETO, las actividades del crimen organizado se salieron de control y continúan sin freno alguno.
No obstante, la sociedad azteca centró sus esperanzas de recuperar la ansiada tranquilidad en los programas de seguridad pública de la 4T, aunque, desafortunadamente, hasta el momento las acciones de gobierno no han arrojado los resultados que se esperaban.
El “no a la violencia”, “no declaraciones de guerra”, “amor y paz”, y “abrazos no balazos”, de plano, son estrategias que han fallado rotundamente al régimen lopezobradorista. En consecuencia, urge un golpe de timón que conlleve a la pacificación, y si bien resulta imposible erradicar el narcotráfico y el “huachicoleo”, que al menos logre controlarlos.
Resultaría entendible si, eventualmente, el creador de Morena y promotor de la Cuarta Transformación pretenda pasar a la historia política de México como un presidente pacifista y conciliador. Sin embargo, al menos en el tema de seguridad pública, ese proyecto no tiene cabida.
El “prohibido prohibir” es un lema que le ha permitido al huésped del Palacio Nacional generar una imagen de absoluta libertad ciudadana, pero, a la vez, dando lugar a que se cometan actos vandálicos y antisociales, como sucede en las continuas manifestaciones multitudinarias que se llevan a cabo en la ciudad de México.
Respecto al grave problema en materia de inseguridad que padece el país, desde un plano que pretende ser objetivo, vale la pena precisar que ese monstruo de mil cabezas no nace en la 4T y también representó el talón de Aquiles para los gobiernos neoliberales, como los califica el Jefe del Ejecutivo Federal.
La realidad es que, a partir de la primera alternancia política en México, prácticamente desapareció el control que ejercía el gobierno federal que permitía definir las zonas de influencia de cada grupo delictivo e impidiendo atentados y agresiones a la sociedad civil.
Con la llegada de la ola guinda y su combate a la corrupción se pensaba en un cambio verdadero en ese rubro.
Pero como dice el dicho y dice bien “uno pone y Dios dispone”.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Si bien es cierto que les asiste el derecho de la manifestación de las ideas, también es cierto que esas movilizaciones del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) no generan resultado alguno y, por el contrario, hacen ver mal a participantes y organizadores.
El pasado domingo en la explanada del Monumento a la Revolución en la ciudad de México, FRENAAA declaró “culpable” al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR de los delitos de genocidio, traición a la patria y peculado, entre otros.
Como siempre y con cargo a las finanzas de la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros, un grupo de empleados de la paramunicipal pasó lista de presentes en la concentración cívica.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
