El Congreso del Estado retiro el blindaje para evitar el desafuero del Ejecutivo.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado presento una iniciativa mediante la abrogan, y, por tanto se dejan sin efecto en su totalidad los acuerdos tomados el pasado día tres y 12.
En el primer acuerdo se establecen las reglas del procedimiento de homologación 13 para el ejercicio de las atribuciones que confiere al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
En el segundo acuerdo se modificó la redacción del contenido de los puntos I, II, VI, VII y VIII del srtículo Primero del Acuerdo aprobado mediante el Punto de Acuerdo Número LXIV-227, expedido el 2 de marzo del presente año, por el que se establecen las reglas del procedimiento de homologación para el ejercicio de las atribuciones que confiere al Congreso del 14 Estado.
Con dispensa de trámite y sin discusión la iniciativa presentada por el diputado Felix Fernando García Aguiar, presidente de la comisión de Justicia, fue aprobada con los votos de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano y ante la cual el grupo de Morena se abstuvo.
El Congreso de Tamaulipas reculo vía fast track ante la solicitud de Juicio de Controversia Constitucional presentado por la Cámara de Diputados por el acuerdo de homologación de reglas de procedencia para desafuero.
En los considerandos se expone que tales acuerdos, lejos de representar un intento de blindaje institucional a favor del ejecutivo del Estado, de los diputados locales o de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, representan el cumplimiento de las obligaciones del Congreso.
Recalca que es un acto de autoridad materialmente legislativo, que dota de certeza jurídica al ejecutivo del Estado, a los diputados locales o a los magistrados del Supremo Tribunal del Estado, respecto del procedimiento que el Congreso del Estado siga, a efecto de determinar si procede, o no, homologar la declaratoria de procedencia que, en su caso, emita la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de dichos servidores públicos locales.
