Agencias.- Los partidos políticos le dieron la vuelta a la obligación de registrar candidaturas indígenas a diputados federales, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó al menos 56 casos de intentos de usurpación de identidad indígena con constancias falsas, documentos solicitados bajo engaño o firmados en blanco, y avales a personas desconocidas para las comunidades que buscan representar.
El pasado 4 de marzo, el INE otorgó el registro a las candidaturas a diputados federales, y detectó que hubo partidos y aspirantes a candidatos que falsearon información para cumplir con las acciones que obligan postular al menos 21 fórmulas de candidaturas indígenas a diputados de mayoría y 9 de representación plurinominal, en paridad.
Así, rechazó cuando menos 56 solicitudes presentadas por los partidos para registrar este tipo de candidaturas, dejó pendientes otros casos, y los emplazó a presentar nuevas postulaciones que acrediten el vínculo efectivo con la comunidad indígena que pretende representar.
Una vez que venza el plazo, el Consejo General del INE deberá sesionar para analizar caso por caso y confirmar o rechazar las propuestas de candidaturas, volver a requerir nuevamente a los partidos, y en caso de reincidir e incumplir nuevamente, sancionarlos con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes.
Hasta ahora destaca en las revisiones el caso de Pedro César Carrizales Becerra, “El Mijis”, en el que se detectó que la constancia emitida por el Director de Asuntos Indígenas del Municipio de San Antonio, de San Luis Potosí. desconoció el documento presentado y la firma, “tampoco reconoce a la persona (el morenista) ni tener vínculo alguno como parte de la comunidad indígena”.
Sin embargo, Carrizales obtuvo su registro como abanderado diputado federal de Morena por la vía de la representación proporcional en el lugar 4 de la segunda circunscripción, según el acuerdo del INE aprobado la madrugada del pasado 4 de marzo, aunque su caso estaría aún a revisión.
La inconformidad por casos de suplantación de identidad indígena se ha presentado hasta ahora en Oxchuc, Chiapas, donde la comunidad ha denunciado “usurpación” a la actual diputada federal Martha Dekker, del PT, quien aparece como abanderada de la Coalición Juntos Hacemos Historia por el distrito 5, de esa entidad y con siglas petistas.
A través de sus Juntas Distritales el INE realizó tareas para verificar la autenticidad de los documentos presentados por los partidos para acreditar el cumplimiento de las acciones afirmativas, por ejemplo, la pertenencia a una comunidad indígena, afromexicana o ser una persona con discapacidad.
Un ejemplo del intento de fraude a la ley lo halló el INE en Tulum, Quintana Roo, en donde el ayuntamiento emitió constancia signada por el delegado de Schcabmucuy, y al ser requerido éste reconoció la firma y el sello “pero no reconoce el contenido de dicho documento toda vez que lo firmó en hoja en blanco, manifestando que fue engañado por parte de la persona solicitante”, se documentó.
O en Pantepec, Puebla, autoridades indígenas tradicionales del municipio reconocieron la firma del documento, “sin embargo, se manifiesta que la persona (a favor de la cual se expidió) no ha realizado las labores que se especifican en el mismo, aceptó emitir dicha constancia con la condición de que la interesada se presentara para conocerla, lo cual nunca ocurrió”.
Al revisar la constancia emitida por la comisaria del ejido la Sultana, Ocosingo, Chiapas, el INE halló que se reconoció el documento y firma, pero no el contenido, “no conoce a la ciudadana, sin embargo, firmó documentos a un profesor para darles clases de inglés y que éste mismo le pidió su sello”.
En la Ranchería Belén, Nacajuca, Tabasco, la delegada municipal expuso “manifiesta que, si conoce a la solicitante, que, si firmó el documento por solicitud de la misma, pero para otro fin, que sí es originaria y vive en la comunidad y no le consta que hable la lengua indígena”.
El Jefe Supremo Maya de San Mateo Almoloya, Estado de México, desconoció haber firmado un reconocimiento y Agradecimiento expedido a favor de una persona que intentó ser candidato, al que dijo desconocer.
Entre los casos también se detectó a supuestas organizaciones que respaldaron la ascendencia indígena de aspirantes a candidatos, pero no fueron ubicadas. Fue el caso de Gobierno Indígena Pluricultural y Tradicional del Estado de Morelos, mismo que, reportó el INE, “después de una búsqueda ardua tanto con los contactos de Redes Sociales Progresistas (que presentó como firmante a esa agrupación), como en el domicilio del candidato no fue posible localizar”.
Se hacen pasar por indígenas
En 2018 los partidos también postularon candidatos indígenas de forma irregular. En esa elección tenían la obligación de cumplir esa acción afirmativa en al menos 13 distritos de mayoría, pero el PVEM hizo pasar como indígenas de la población tzotzil a dos ex funcionarios del gobierno chiapaneco.
Estos fueron Humberto Pedrero Moreno –quien luego saltó a la bancada de Morena– y Roberto Rubio, en ambos casos, pese a las denuncias fueron confirmados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
