Por Mario Díaz
SIN pasar por alto que, a final de cuentas, la fiel interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas habrá de decidir la suerte del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, lo cierto es que el duelo de Poderes habrá de modificar las tendencias electorales de los candidatos, principalmente, del PRI y de MORENA.
En efecto, al margen de quién salga victorioso en la medición de fuerza, la realidad es que la Cuarta Transformación ya exhibió a los Vientos del Cambio, luego del resultado del juicio de procedencia por parte de la Sección Instructora y la ratificación del pleno legislativo en San Lázaro.
Hasta el momento, para el gobierno Federal GARCÍA CABEZA DE VACA está desaforado y destituido de su cargo como mandatario estatal; sin embargo, el rechazo del Congreso Local a la homologación de la decisión que se tomó en la Cámara Baja del Congreso de la Unión lo mantiene en el cargo de gobernador y con fuero procesal.
La interpretación del artículo 111 Constitucional mantiene en incertidumbre el estatus real del mandatario tamaulipeco, con todo y que está estipulado que el fallo de la Cámara de Diputados, constituida en Tribunal y Jurado de Procedencia, es inatacable y, por lo tanto, es una decisión que no le corresponde ventilar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como en toda controversia, el Congreso local se ampara en su propia interpretación y a su Constitución.
En consecuencia, si el Poder Legislativo de Tamaulipas se declara en rebeldía, el Senado de la República podría decretar la desaparición de Poderes con todo lo que ello implica. Un mandatario designado por la Cámara Alta, morenista, por supuesto, dejaría en franca desventaja al PAN-gobierno en la actual competencia eleccionaria, con un margen considerable de perder la mayoría legislativa.
El sentido común, la lógica simple y, por supuesto, la opinión de expertos en Derecho sugiere que ninguna ley secundaria puede estar por encima de nuestra Carta Magna. Desde esa perspectiva, la laguna jurídica provocada por los articulados federal y estatal colocaría en el lugar correspondiente a cada instancia legislativa.
La postura del diputado PABLO GÓMEZ, quien presidiera la Sección Instructora, es muy clara: la Cámara de Diputados se erigió en Jurado de Procedencia y sus fallos son inatacables y no existe instancia alguna, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pudiera cambiar la decisión de este Tribunal.
Con base en lo anterior, tocará a la Fiscalía General de la República (FGR) citar al gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA para que rinda su declaración en torno a las imputaciones, y al Senado de la República actuar en consecuencia ante eventual desacato del Congreso de Tamaulipas.
Ha trascendido que la controversia constitucional interpuesta por la legislatura tamaulipeca ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en realidad tendría como objetivo tratar de entrampar el desafuero del gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA, sin tomar en cuenta que el fallo de la Cámara de Diputados con relación al juicio para retirar la inmunidad procesal penal, es inatacable.
Sobra decir que el tema de desafuero del mandatario estatal obviamente impactará a los candidatos panistas a cargos de elección en el actual proceso electoral. En contraparte, lógicamente beneficiará a los abanderados guindas y, además, a quienes participan con las siglas del partido tricolor.
Si se trata de una persecución política o la judicialización de una carpeta de investigación por la presunción de delitos cometidos, eso se decidirá en los tribunales. El impacto mediático del controversial tema, seguramente se habrá de reflejar durante la jornada comicial dominical del 6 de junio.
Será por demás interesante conocer la postura que asuman los Poderes de Tamaulipas, una vez que concluya el plazo de 48 horas para que el Legislativo designe al gobernador interino.
Ahora bien, si las imputaciones de la FGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) carecen de sustento jurídico y un juez determina que no existe delito que perseguir, el jefe del Ejecutivo Estatal retomaría sus funciones hasta el término del período constitucional para el que fue electo.
Mientras tanto, continúan los dimes y diretes asociados a distintas interpretaciones de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Por alguna razón, la candidata panista a la diputación federal por el IV Distrito Electoral, la ex priísta MÓNICA GONZÁLEZ, no se ha sumado a las voces discordantes por el fallo de la Cámara de Diputados en el juicio de procedencia para el desafuero del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.
II.-Extrañamente (o quizás no) los siete diputados locales morenistas en la 64 Legislatura Tamaulipeca se abstuvieron de votar la iniciativa de rechazo al fallo del Tribunal o Juez de Procedencia en que se erigió la Cámara de Diputados.
Dos diputados priístas y un emecista les pusieron la muestra a los representantes emanados de la Cuarta Transformación.
Dicen que mucho tuvo que ver el secretario General de Gobierno, CESAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS.
¿Será?
III.-Hoy, 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En México, por desgracia, no hay nada que celebrar.
IV.-Aseguran que, por alguna razón, la unidad política entre IVETT BERMEA y BETTY SALAZAR, candidatas panistas a la alcaldía y diputación local, respectivamente, en H. Matamoros, se fracturó. Hipotéticamente, motivos de logística y operatividad serían la causa del enfriamiento de la relación de campaña.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
