Agencias.- Los manifestantes muertos por “violencia homicida” de la policía en el marco de las protestas sociales en Colombia subieron este martes a 40, la mayoría por disparos de arma de fuego, informó la ONG Temblores, que se especializa en documentar casos de abusos de la fuerza pública.
En un nuevo reporte, la ONG señaló que el Estado colombiano ha respondido a las protestas sociales –que este martes cumplen 14 días consecutivos– con “evidente sistematicidad de la violencia”, lo que ha llevado a una “gravísima situación de derechos humanos”.
De acuerdo con Temblores, cuyos informes se han convertido en referentes para organismos internacionales que dan seguimiento a las protestas en Colombia, se han registrado mil 956 casos de violencia de la fuerza pública contra manifestantes, entre los que se incluyen 129 casos de disparos de arma de fuego, 313 heridos y 12 víctimas de abusos sexuales.
En las últimas horas murieron dos manifestantes que se encontraban hospitalizados en estado crítico.
El joven Daniel Alejandro Zapata fue declarado muerto el lunes en una clínica de Bogotá donde era atendido desde el pasado 1 de mayo tras recibir un impacto en la cabeza de un artefacto de la policía antimotines.
Lucas Villa, otro manifestante atacado a balazos el pasado miércoles en la noroccidental ciudad de Pereira, fue diagnosticado con muerte cerebral la tarde del lunes.
La gran mayoría de las muertes de manifestantes se produjeron por impactos de bala y hay cuatro casos de fallecimientos por atropellamientos de tanquetas y por impactos de proyectiles de gases lacrimógenos, según el reporte de Temblores.
Colombia vive una ola de protestas que iniciaron el pasado 28 de abril para rechazar una iniciativa de reforma fiscal que gravaba con un IVA del 19% los servicios públicos, y aunque el gobierno del presidente Iván Duque retiró del Congreso ese proyecto, las manifestaciones siguieron.
El pliego de peticiones de las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles convocantes del paro incluye el retiro de una iniciativa de reforma al sistema de salud –la cual es considerada por los manifestantes como privatizadora— y una renta básica universal para las familias pobres y vulnerables que quedaron sin ingresos por la pandemia del covid-19.
El presidente Duque ha respondido a esta explosión de descontento social desplegando a miles de policías y militares en las calles de las principales ciudades del país y, ante la condena internacional por la represión contra los manifestantes, comenzó el lunes un diálogo con directivos del comité del paro.
