Por Mario Díaz
DICE el dicho y dice bien que “a río revuelto, ganancia de pescadores”, lo que bien pudiera aplicarse a lo que políticamente está sucediendo en el industrial estado norteño Nuevo León.
En efecto, la pugna derivada de la competencia por la gubernatura mantiene férrea pugna electorera entre Morena-4T contra el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Movimiento Ciudadano, lo que, en consecuencia, ha generado sustancial beneficio al abanderado del Partido Acción Nacional, FERNANDO LARRÁZABAL, quien pretende relevar en el Ejecutivo Estatal al actual mandatario JAIME “El Bronco” RODRÍGUEZ.
Para mala fortuna de la Cuarta Transformación y el partido guinda, la candidata morenista CLARA LUZ FLORES ocupa el nada honroso tercer lugar de cuatro, a pesar de haber iniciado la campaña proselitista con una generosa ventaja porcentual en la preferencia del electorado.
Dícese que, ante tal situación, en el “cuarto de guerra” del Movimiento de Regeneración Nacional con el incondicional apoyo del gobierno lopezobradorista, se decidió utilizar los buenos oficios de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para reducir la ventaja del puntero SAMUEL GARCÍA, con la estafeta del MC; y de ADRIÁN DE LA GARZA, el abanderado tricolor.
Coincidencia, realidad o “sospechosismo”, lo cierto es que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) integró sendas carpetas de investigación en contra de GARCÍA y de DE LA GARZA. El primero es acusado de presuntamente haber recibido aportaciones en dinero y especie de orígenes no muy claros, de acuerdo al dictamen de la UIF; mientras que, el segundo, la presunción de la FEDE se centra en el probable delito electoral que representa el hecho de ofrecer dinero por medio de una “tarjeta rosa” a las electoras femeninas, si es que el 6 de junio sale avante en la competencia eleccionaria.
De prosperar las acusaciones, ambos candidatos a la gubernatura de Nuevo León estarían en delicado predicamento jurídico, toda vez que ese tipo de violación a la ley es considerado como un delito grave que no permite enfrentarlo en libertad.
A pesar de que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR fijó su postura en el sentido de que “no será cómplice del fraude electoral”, desde otro ángulo se percibe “una mano que mece la cuna” en favor del partido en el poder y, por ende, en la cruzada por pintar de guinda el mayor número de las 15 gubernaturas que están en juego en la elección más grande e importante de la historia de nuestro país.
Asimismo, a pesar de que el jefe de las instituciones federales se jacta en decir que “no somos iguales” al comparar el gobierno de la 4T con el conservadurismo, lo cierto es que el aparato de justicia ha sido usado con fines electoreros por los gobiernos neoliberales emanados del PRI y el PAN durante sus respectivos regímenes, pero, del mismo modo, por la Cuarta Transformación. Así que, al menos en eso, hace iguales a tirios y troyanos.
Pero no tan solo en Nuevo León la FGR y la UIF trabajan activamente en la persecución de presuntos delitos. En Tamaulipas, como ya es del dominio público, ambas instituciones federales continúan “a la caza” del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, acusado de los delitos de Delincuencia Organizada, Operación con Recursos de Procedencia Ilícita y Defraudación Fiscal Equiparada.
La situación jurídica podría complicársele al mandatario estatal, desaforado por la Cámara de Diputados, luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos entregara a la Fiscalía General de la República información relacionada con probables “irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas” que involucra a GARCÍA CABEZA DE VACA, a sus hermanos ISMAEL y JUAN MANUEL, a su señora madre, a su esposa y a su suegro.
Al menos por lo que resta de su mandato constitucional, la tranquilidad jurídica del Jefe del Ejecutivo Estatal depende de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a si procede o no la controversia constitucional de desafuero interpuesta por el Congreso de Tamaulipas. La inmunidad procesal penal terminaría con su sexenio en 2022.
Además del punto negativo que representa en el ámbito jurídico la documentación estadunidense, la información del tío Sam acota la credibilidad de quien encabeza los Vientos del Cambio en Tamaulipas, en lo que se refiere a la “persecución política”.
Ni hablar.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Interesante en verdad el artículo del licenciado en periodismo y presidente del Club Primera Plana de la ciudad de México JOSÉ LUIS URIBE ORTEGA, publicado por el rotativo El Universal en su suplemento sindical.
Como nobleza obliga, URIBE ORTEGA reconoció el incondicional apoyo al gremio periodístico de los líderes sindicales JOEL AYALA ALMEIDA, representante de los burócratas el servicio de la Federación; y del dirigente nacional del sindicato ferrocarrilero, VÍCTOR FLORES.
II.-En H. Matamoros, Tamaulipas, mientras el candidato del PRI a la alcaldía PEDRO LUIS CORONADO AYARZAGOITIA pretende ganar adeptos solo levantando los brazos como luchador, en la vecina población de Valle Hermoso, la candidata morenista, doctora LUCERO GONZÁLEZ MENDOZA, ganó reflectores con las serenatas a varias decenas de madres que viven en esa comunidad, con motivo de su Día.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
