Inseguridad y corrupción

Palacio
Por Mario Díaz Vargas

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-Crimen organizado se impone a la Cuarta Transformación
-La 4T prefiere recuperar bienes que castigar a los corruptos
-Aguililla, Michoacán y Alonso Ancira son claros ejemplos

TAL parece que el combate a la inseguridad pública y la procuración de justicia del gobierno de la Cuarta Transformación no están arrojando los resultados esperados en el proyecto de nación del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

El crimen organizado ha sentado sus reales en distintas regiones del país, prácticamente sin “enemigo gubernamental” al frente, mientras que la procuración de justicia de la 4T está orientada a procesos con acuerdos reparatorios y no precisamente a castigar los actos de corrupción.

Juzgue usted:

La exhibición a través de redes sociales del poderío bélico y capacidad de movilización del Cártel Jalisco Nueva Generación es un ejemplo claro del reto de ese grupo delictivo al régimen lopezobradorista. La zona de guerra en la llamada “tierra caliente” y concretamente lo que sucede en Aguililla, Michoacán, es evidencia clara de que, por lo menos en esa zona, el Estado de Derecho no existe.

En consecuencia, resulta ilógico e incongruente que el presidente LÓPEZ OBRADOR no proteja con las fuerzas del orden a los habitantes en esa región mexicana y, a la vez, no esté de acuerdo con la aparición de grupos de autodefensas con el argumento de que nadie debe hacerse justicia con su propia mano. Si la fuerza del Estado mexicano se impusiera a cualquier grupo delincuencial, entonces sí, no se justificaría que los pobladores se armaran para proteger sus familias y su patrimonio.

Desde esa óptica no resulta temerario afirmar que el programa del gobierno de la Cuarta Transformación “Abrazos no balazos” se ha convertido en un rotundo fracaso y, además, deja muy mal parado a quien pretende ser parte de la historia luego de la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Cierto es que la violencia no es la mejor forma de solucionar los problemas sociales; sin embargo, en ocasiones se hace indispensable el uso de la inteligencia y la fuerza para someter a grupos antisociales que pretenden operar por encima del propio gobierno constitucional.

En Italia, por ejemplo, un fiscal combatió a la mafia de la Cosa Nostra, obviamente con todo el apoyo gubernamental, bajo el principio que solo en las cloacas deben permanecer quienes deseen pertenecer al bajo mundo. Quien saque la cabeza será descabezado, era la consigna. Nada ni nadie por encima del gobierno, así de sencillo.

En cuanto a la procuración de justicia de la 4T y combate a la corrupción, todo hace indicar que lo realmente importante es recuperar algo de lo robado mediante procesos y acuerdos reparatorios, dejando en segundo término el castigo a los responsables.

EMILIO LOZOYA AUSTIN, ex director del Petróleos Mexicanos en el pasado sexenio, hasta ahora ha evadido la cárcel mediante la entrega de información que permitiría castigar a los responsables.

ALONSO ANCIRA, propietario de la empresa Altos Hornos de México S.A. de C.V. devolvió 216 millones de dólares a cambio de su libertad y dejar en “borrón y cuenta nueva” la compraventa fraudulenta de la procesadora de fertilizantes Agronitrogenados.

Integrantes de la familia MANN AMAZI, dueños de la empresa Fibra Uno resolvieron su problema con la justicia al regresar a la Fiscalía General de la República (FGR) 2 mil millones de pesos, luego de defraudar al Infonavit con 5 mil millones de pesos con contrato fallido de Movilidad Hipotecaria.

Del mismo modo, el empresario millonario CARLOS SLIM HELÚ se “lavó las manos” y eludió responsabilidad jurídica al aceptar costear los gastos de reparación de la Línea 12 del metro capitalino, luego de la tragedia que costó la vida a 26 personas y dejó lesionadas a más de 70.

Desde esa perspectiva, todo parece indicar que al gobierno de la Cuarta Transformación y su combate a la corrupción no le interesa castigar a los saqueadores sino únicamente recuperar lo más que se pueda para devolver al pueblo lo robado.

Por lo tanto, con base en lo antes descrito, a casi medio período constitucional, la 4T ha fracasado rotundamente en someter a los grupos delictivos y regresar la tranquilidad a los ciudadanos, situación similar en el programa de combate a la corrupción.

Ni hablar.

DESDE EL BALCÓN:
I.-El asesinato del periodista RICARDO LÓPEZ DOMINGUEZ en Guaymas, Sonora, es un claro ejemplo de la impunidad del crimen organizado para someter a los trabajadores de la información sin importar las garantías constitucionales relacionadas con la libertad de prensa y expresión y el derecho a la información.
Ante la escalada violenta que enfrenta el gremio periodístico salen sobrando “comunicados conjuntos” que solo hacen la función de obituarios. Urge y es necesario que periodistas y comunicadores manejen con prudencia o de plano no aborden temas relacionados con los cárteles de la droga, hasta en tanto el Estado mexicano pueda garantizar la seguridad ciudadana. Cierto, no es la mejor solución, pero sí la necesaria para evitar incrementar la estadística de asesinatos y agresiones a periodistas.
No se requiere de un análisis a fondo para determinar que en un porcentaje bastante elevado los homicidios de informadores están asociados a publicaciones de nota roja y, además, amenazas previas, como en el caso del periodista sonorense.
En consecuencia, la prudencia en el manejo de información relacionada al narcotráfico o crimen organizado podría ser el antídoto ante la ausencia del Estado de derecho y la presencia de grupos fácticos que superan el aparato gubernamental.
Marchas, exigencias de justicia y “comunicados conjuntos”, desafortunadamente, solo permiten el desahogo personal y gremial pero no aportan absolutamente nada para la solución del grave problema en materia de seguridad.
Ni hablar.

Y hasta la próxima.
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