EL Tercer Informe de Gobierno del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR-luego de 33 meses de mandato constitucional-deja en claro un par de verdades: una, que la Cuarta Transformación no ha cumplido a cabalidad con la expectativa proyectada, y, dos, que el Jefe de la Nación llega a la mitad de su sexenio con alto índice de aprobación popular.
Analicemos.
La 4T ha navegado con banderas desplegadas con los programas sociales enfocados a las clases marginadas, estudiantes y adultos mayores; ha mantenido la fortaleza del peso mexicano; y ha frenado el saqueo de las empresas privadas que se han aprovechado de la ventajosa legislación neoliberal en el sector energético.
Sin embargo, en contraparte, le ha quedado a deber a las clases media, media alta y alta; a la iniciativa privada; y, además, ha fallado en el combate a la corrupción, la seguridad pública y en todo lo relacionado con la salud de los ciudadanos. Las decenas de miles de asesinatos, el alto contagio y fallecimientos por Covid-19 y la falta de insumos en los hospitales públicos, sustentan lo antes mencionado.
No obstante, el huésped del Palacio Nacional, dígase lo que se diga, mantiene un porcentaje bastante generoso de aceptación ciudadana a casi tres años de haberse colocado la banda presidencial. Ni el natural desgaste que ocasiona el ejercicio del poder político ni las críticas de quienes llama conservadores ni el esfuerzo físico que representan las conferencias mañaneras y las giras de trabajo de los fines de semana, han erosionado significativamente la imagen y popularidad del tabasqueño.
Por alguna causa, motivo o razón al presidente LÓPEZ OBRADOR no le ha afectado políticamente la impunidad, avance y desplazamiento del crimen organizado. Tampoco los resultados nada halagadores de la estrategia del gobierno federal para enfrentar la pandemia ni las carencias de insumos que registran las instituciones hospitalarias públicas establecidas a lo largo y ancho del territorio nacional.
Asimismo, el hecho de que al mandatario nacional no se le asocie con ningún acto de corrupción, por lo que se infiere que es un hombre probo y honesto, tampoco quiere decir que la Cuarta Transformación haya erradicado en su totalidad la corrupción en todas las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno.
Sería infantil tan solo pensar que, en 33 meses, como por arte de magia, desaparecieran las prácticas deshonestas que surgen al amparo del poder político lo mismo en alcaldías, gubernaturas, fiscalías, juzgados, empresas paraestatales, cámaras legislativas y en toda aquella oficina de gobierno que maneje presupuesto público. No es necesario mencionar que algunas excepciones confirman la regla.
Desde una perspectiva que pretende ser objetiva, tales son las luces y sombras derivadas del III Informe de Gobierno del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.
Vale la pena precisar que atrás quedaron los eventos similares en donde abundaba el confeti, el bombo y platillo y la quema de incienso para el tlatoani en turno. La forma de gobernar y la austeridad republicana de la 4T prácticamente sepultaron la añeja y costosa práctica.
Desde otra óptica, en la primera mitad del gobierno de la Cuarta Transformación quedará etiquetada la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes neoliberales; en la segunda, la revocación de mandato en marzo del año próximo para decidir si AMLO continúa o no al frente del Poder Ejecutivo Federal.
El primer ejercicio cívico costó al erario poco más de 500 millones de pesos y el que está en gestación requerirá de un gasto superior a los mil 500 millones de pesos, lo cual, por supuesto, ha ocasionado críticas a la 4T y su austeridad republicana.
La ley no se consulta, se aplica, es el argumento encontrado más sólido que envuelve a la estrategia electorera de la Cuarta Transformación con camuflaje justiciero. La respuesta ciudadana era de sobra conocida desde antes del ejercicio cívico.
Del mismo modo, la revocación o ratificación de mandato es una consulta, además de costosa, innecesaria, toda vez que es obvio el resultado con base en el generoso porcentaje de aceptación ciudadana que mantiene el presidente LÓPEZ OBRADOR.
Tomando en cuenta que el presidente de México fue electo por un sexenio, menos aún se justifica la prioridad del jefe del Ejecutivo que se entrampó en la Comisión Permanente. En todo caso, la revocación o ratificación aplicaría para el sucesor de AMLO.
Pero como dice el dicho y dice bien que en la guerra y en el amor de todo se vale, es por ello que la 4T utiliza esas prácticas con fines electoreros y para fortalecer la marca política del momento: AMLO-Morena.
DESDE EL BALCÓN:
I.- El “efecto Nuevo León” derivado del amplio triunfo de SAMUEL GARCÍA por la gubernatura regia con la estafeta del partido Movimiento Ciudadano, podría incidir en el resultado electoral del año próximo en Tamaulipas.
ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ, ex alcalde de ciudad Victoria, Tamaulipas, y quien portará el estandarte emecista en la competencia electoral por el relevo del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA considera que tiene las “tablas”, méritos y experiencia suficiente para participar con éxito en la justa electoral que inicia formalmente en septiembre de 2021 y convoca a las urnas el primer domingo de junio de 2022.
Por lo pronto, DIEZ GUTIÉRREZ ha iniciado un proceso de “amarres” políticos, lo mismo con ciudadanos tamaulipecos que residen en el territorio cuerudo que con connacionales que viven allende el Bravo.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
