Agencias.- La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, cometieron infracción durante el periodo de consulta popular.
Por mayoría, la Regional Especializada señaló que durante la conferencia matutina del 19 de julio pasado, López Obrador y Montiel difundieron propaganda gubernamental en periodo prohibido, toda vez que en ese momento estuvo en curso la campaña por consulta popular.
En el proyecto presentado por el magistrado presidente, Rubén Lara Patrón, se expuso que en el marco de la conferencia matutina del 19 de julio pasado, el jefe del Ejecutivo Federal y la subsecretaria del Bienestar se refirieron al tema de las ayudas que se dan a adultos mayores, lo que claramente reflejó propaganda gubernamental en periodo prohibido.
Además se señaló la utilización de recursos públicos a partir de que los funcionarios gubernamentales son un recurso, tesis que ha sostenido la magistrada Gabriela Villafuerte y a la que por primera vez se sumó el magistrado presidente, Rubén Lara.
La Sala Regional declaró inexistencia de vulneración de los principios de neutralidad y equidad.
El magistrado Luis Espíndola se manifestó en contra del proyecto. Consideró que hizo falta una mayor investigación sobre el asunto, por lo que no hubo elementos probatorios suficientes para apoyar el proyecto.
El magistrado presidente, Rubén Lara, defendió que sí se tuvieron todos los elementos necesarios para dar salida al asunto. Por ello, con dos votos a favor y uno en contra, la Regional Especializada ordenó dar vista a la Secretaría del Bienestar y al Órgano Interno de Control de la dependencia, además de la Unidad Técnico de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE.
Durante la sesión pública de este martes se determinó también que ex diputadas y diputados de Morena no incurrieron en infracción al publicar, en un periódico de circulación nacional, un cintillo en el cual se hizo promoción a la consulta popular. El partido político quedó exento de cualquier anomalía.
Por mayoría se determinó que los hoy ex legisladores involucrados, no utilizaron recursos públicos para el pago del cintillo, toda vez que aclararon que lo pagaron con sus propios recursos. “No hay prueba que demuestre que los servidores públicos involucrados hubieran pagado con recursos de la ciudadanía”, expuso el magistrado Luis Espíndola.
