Agencias.- Asociaciones cerveceras, de vino, mezcal y otras bebidas alcohólicas pidieron “piso parejo” en el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) ante las trasnacionales y solicitaron que se calcule por contenido de alcohol y no por precio.
“Miles de hombres y mujeres que formamos parte de las cadenas del tequila, mezcal, vino, cerveza artesanal, sotol, charanda, bacanora y representantes del canal comercial de bebidas alcohólicas nos encontramos en desventaja frente a los competidores más grandes y a los mercados ilegales”, señalaron en un desplegado.
Explicaron que la cerveza artesanal mexicana, a pesar de tener la mejor calidad, no puede competir con las cervezas industrializadas por la elevada carga fiscal que tienen que pagar. Asimismo, los vinos mexicanos son más caros en México que en otros países por los impuestos que se le cargan.
Por otra parte, los productores de mezcal, sotol, charanda y bacanora son fiscalizados como productores trasnacionales, cuando viven dinámicas diferentes: sin internet en sus comunidades o sin un contador siempre a la mano para cumplir con las obligaciones fiscales.
En otras palabras reclamaron que “es tan complejo el pago de los impuestos en bebidas alcohólicas que a muchos productores se les dificulta declarar en tiempo y forma sus impuestos. Muchos campesinos tienen que migrar de sus tierras porque no pueden producir en condiciones iguales que las empresas transnacionales”.
Las organizaciones firmantes aseguraron que las cifras demuestran que las bebidas de bajo precio y con alto grado de alcohol, que son las que terminan por consumir los jóvenes, los menores de edad o personas con problemas de adicción han incrementado sus ventas en el mercado nacional, principalmente en los tianguis, además de que sus fabricantes evaden impuestos.
De hecho, el mercado informal creció seis puntos porcentuales en el periodo 2017-2020 debido a restricciones en horarios de venta y cierres en los bares, restaurantes, centros nocturnos, hoteles y demás detalles, pasando de 36.4% a 42.5%, lo que representa una pérdida en la recaudación para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de más de 112 mil millones de pesos.
