Conceden libertad a ex subsecretario implicado en las empresas fantasmas

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Cristobal Gerardo “R”, ex subsecretario de Egresos del Gobierno del Estado durante el gobierno de Edigio Torre Cantú (2011-2016), obtuvo su libertad luego de que una jueza aceptó cambiar la medida cautelar para continuar el juicio acusado de desvío de recursos, uso indebido de atribuciones, y otros delitos cometidos por un servidor público.

Como se recordará Cristobal “R” fue detenido el pasado 20 de julio del 2020 en Polanco en la Ciudad de México, acusado por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de diversos delitos.

A petición del acusado la defensa solicitó la revisión de la medida cautelar y una jueza ordenó la libertad inmediata de Cristobal Gerardo “R”, revocando con ello la medida cautelar de prisión preventiva.

Ahora Cristobal Gerardo se deberá presentar en forma periódica ante el juez o autoridad distinta que se le asigne, la exhibición de una garantía económica y la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.

La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas (UIFE), acusó que a través de 52 empresas factureras, se generó un quebranto al erario estatal por 2 mil millones de pesos. Implicando al ex secretario de Finanzas, Jorge  Silvestre “A”, al ex subsecretario Cristobal “R” y Jorge “S”, ex jefe de Pagos de la secretaría de Finanzas, durante la administración de Egidio Torre Cantú., quienes operaron 52 empresas fantasmas.

En ello también fue implicado el notario Marco Antonio (P) .

Las indagatorias permitieron establecer que las empresas que operaron del 2012 al 2016, tenían como socios a las mismas personas, la mayoría trabajadores de la misma notaria ubicada en Victoria, de acuerdo a sus acta constitutivas donde registraron el domicilio fiscal en varios municipios de Nuevo León y Tamaulipas. 

Con empresas fantasmas y facturas falsas , facturaron al Gobierno de Tamaulipas, dos mil millones de pesos, por concepto de prestación de servicios profesionales y la compra de bienes.

La Unidad de Inteligencia Financiera estableció que también facturaron a gobiernos municipales y otros gobiernos estatales un monto de casi 10 mil millones de pesos, por lo que en mayo del 2018 se interpuso una denuncia.

Por estos hechos, el Ministerio Público, generó 24 órdenes de aprehensión, de las cuales cuatro personas fueron detenidas y se solicitaron otras 103 órdenes de aprehensión más.

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