Agencias.- Uno de los bufetes más prestigiosos de Centroamérica, Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), volvió a entrar en modo “gestión de daños”.
Estados Unidos había acusado a los directivos de un banco privado europeo de aceptar comisiones exorbitantes para ayudar a sus clientes a lavar 4 mil 200 millones de dólares de dinero saqueado. Entre esos clientes estaban exfuncionarios de alto rango de la compañía petrolera nacional de Venezuela, una institución plagada de corrupción en un país sumido en el caos, además de otros con estrechos vínculos gubernamentales.
La empresa, conocida como Alcogal, tenía motivos para alarmarse: algunos de los venezolanos implicados en el escándalo eran clientes suyos. Había creado para ellos empresas ficticias en el extranjero.
Siguiendo un guion muy trillado, la empresa panameña montó rápidamente un equipo para abordar la emergencia y decidió renunciar a ser el agente registrado de muchas de las empresas. El motivo de la decisión: “El impacto de las noticias negativas” y “el nivel de riesgo que representan estas empresas por las personas que las integran”, según un informe interno de 2015 redactado en español.
Para un prestigioso bufete de abogados que representa a empresas de la talla de Citibank y Pfizer, la creación de sociedades para antiguos miembros del gobierno venezolano podría considerarse un riesgo demasiado grande de ayudar sin querer a lavar dinero.
Pero Alcogal no llegó a representar un papel destacado en el sector de la evasión fiscal y la protección de activos por rechazar a los clientes de riesgo.
Durante las tres últimas décadas, Alcogal se ha convertido en imán para los ricos y poderosos de Latinoamérica y de más allá que pretenden ocultar su riqueza en el exterior, según muestra una filtración masiva de documentos de empresas obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Estos documentos se conocen como Pandora Papers.
La empresa sirvió de intermediario empresarial para más de 160 políticos y cargos públicos, según los documentos. Entre sus clientes ha habido presidentes panameños, un destacado candidato en las elecciones de Honduras del mes que viene, el presidente de Ecuador y el rey de Jordania.
Al final, casi la mitad de los políticos cuyos nombres aparecen en los documentos filtrados tenían vínculos con Alcogal.
Alcogal también ha prestado servicios a personajes implicados en algunos de los escándalos de corrupción más notorios de la historia reciente de Latinoamérica, como la operación de soborno mundial del gigante brasileño de la construcción Odebrecht SA (ahora conocido como Novonor), el escándalo internacional de corrupción en el fútbol conocido como Fifagate, así como el presunto saqueo del patrimonio público venezolano.
La investigación de los Pandora Papers se basa en más de 11.9 millones de documentos confidenciales de bufetes y proveedores de servicios en paraísos fiscales. Más de dos millones de ficheros proceden de Alcogal. ICIJ obtuvo los documentos y los ha compartido con 150 organizaciones de prensa de todo el mundo.
Casi dos años de investigación realizada por más de 600 periodistas arrojan una luz sin precedentes sobre una economía en la sombra a la que solo pueden acceder quienes tengan el dinero o las conexiones necesarias. Despachos como Alcogal impulsan esa economía, ayudando a los clientes adinerados a encontrar refugios para ocultar el dinero, a veces de los recaudadores de impuestos y los investigadores criminalistas. El precio lo suele pagar la gente de a pie.
Los Pandora Papers contienen información sobre más de 14 mil entidades extraterritoriales en Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales, creadas por Alcogal en nombre de más de 15 mil clientes, en su mayoría desde 1996.
En una carta al ICIJ, Alcogal declaraba que la constitución de empresas “es solo un aspecto” de sus servicios legales y que opera en “pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en cada jurisdicción en la que trabajamos”. La empresa “lleva a cabo en profundidad las comprobaciones debidas sobre los clientes que se consideran de alto riesgo, independientemente de la naturaleza de la relación o del servicio”, afirma en la carta.
Los documentos filtrados muestran que Alcogal estableció más de 200 empresas ficticias en Panamá y otras jurisdicciones a petición de la Banca Privada d’Andorra (BPA), un banco privado con sede en el pequeño principado situado entre Francia y España. Algunas de estas empresas se utilizaron posteriormente para desviar fondos en la trama de corrupción pública venezolana, según muestran los documentos.
Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos incluyó el banco en su lista negra como “preocupación principal para el blanqueo de capitales”. La mayoría de las empresas se disolvieron y Alcogal renunció a algunas de ellas poco después de que se hiciera pública la inclusión del banco en la lista negra de 2015.
También a petición de BPA, Alcogal creó dos empresas ficticias que posteriormente fueron utilizadas por Odebrecht para canalizar 30 millones de dólares en sobornos con el fin de obtener contratos de obras públicas en Panamá. Parte del dinero fue a parar a los hijos del presidente panameño Ricardo Martinelli, según declararon los denunciantes. Los hijos fueron acusados el año pasado, y los fiscales recomendaron no hace mucho que Martinelli, que ha mantenido vínculos personales con algunos de los fundadores de Alcogal, también fuera acusado. Los Martinelli niegan las acusaciones.
Los documentos muestran que en 2000 y 2001, Alcogal registró dos empresas en las Islas Vírgenes Británicas propiedad de Juan Carlos Varela, su hermano, su padre y otros socios. Varela fue vicepresidente de Martinelli y en 2014 le sucedió en la presidencia de Panamá. A los tres meses de la llegada de Varela a la presidencia, una revisión interna de Alcogal dio con las acusaciones de que había participado en el lavado de dinero para financiar su campaña política. La empresa señaló que Varela negó las acusaciones, que se basaban en publicaciones de los medios de comunicación y no en investigaciones de ninguna autoridad, y concluyó que los informes no requerían investigación adicional.
En 2017, Varela admitió que durante su campaña vicepresidencial recibió donaciones de Odebrecht, una empresa brasileña que se halla en el centro de una de las mayores investigaciones de corrupción de Latinoamérica, pero negó que el dinero fuera un soborno. Varela declaró al ICIJ que las donaciones de la campaña se hicieron conforme a la ley y se informó de ello a las autoridades electorales.
Las autoridades panameñas también han recomendado que se presenten cargos contra Varela en el caso Odebrecht.
