El Congreso del Estado aprobó derogar reformas a los artículos 59 y 61 de la Ley de Hacienda del Estado mediante las cual se establecían cobros .
La 64ª. Legislatura del Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Estado mediante establecía cobros desde cinco mil hasta ocho mil pesos por los servicios de expedición de copias simples, certificadas o autenticadas de averiguaciones previas, carpetas de investigación, expedientes de procedimientos administrativos.
Emisión de dictámenes periciales. Emisión de dictamen de paternidad o prueba para determinación de perfiles genéticos.
También se establecían cobros por conceptos de traslado de motocicleta, automóvil, SUV o camioneta al depósito oficial de vehículos asegurados o puestos a disposición, con equipo de grúa. Resguardo Resguardo de motocicleta, automóvil, SUV o camioneta, en encierros de la Fiscalía General del Estado, se pagará diariamente 0.5 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y constancia de Antecedentes Penales, tres veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Además el cobro de derechos y aprovechamientos, tales como expedición de copias simples, certificadas o autenticadas de averiguaciones previas, carpetas de investigación, expedientes de procedimientos administrativos; emisión de dictámenes periciales, así como la emisión de dictamen de paternidad o prueba para determinación de perfiles genéticos, generando con ello una carga tributaria a la ciudadanía, lo cual, si bien es cierto ya venía realizándose de una u otra manera, dichos recursos obtenidos eran administrados por la Secretaría de Finanzas de la Administración Pública del Estado, los cuales se regulaban y eran fiscalizados.
La iniciativa de Morena aprobada tiene por objeto aplicar el principio de gratuidad a ciertos derechos o aprovechamientos que brinda la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, ya que en ocasiones por diversos motivos de carácter económicos existen personas que no pueden pagar los costos, lo que les impide se les garantice el acceso a la justicia para quien más lo necesita, provocando a su vez la dilatación de los procesos judiciales causando un detrimento a sus derechos.
Esta es la primera iniciativa en la cual dar marcha atrás a reformas implementadas por la pasada legislatura del Congreso las cuales fueron publicas en el Periódico Oficial el pasado mes de septiembre.
