El Congreso del Estado se desistió de las controversias constitucionales presentadas por la 64ª. legislatura ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del desafuero de Gobernador del Estado, así como la orden de aprehensión en contra del mismo por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El diputado Armando Zertuche Zuani, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, informó que se presento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un documento en la cual se retiran las controversias presentadas por la pasada legislatura.
Aun cuando el Congreso del Estado se ha desistido de las dos controversias presentadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá emitir una resolución.
Hasta ahora los ministros Suprema Corte de Justicia de la Nación no han emitido un proyecto de resolución sobre las controversias presentadas para evitar el desafuero del Gobernador del Estado, así como su detención por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Mencionó que se ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se agilice el proceso sobre las dos controversias constitucionales que se encuentran pendientes.
Sobre la resolución de la Segunda Sala de la SCJN de desechar la controversia constitucional por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita insistió por los cuales fue acusado el Gobernador del Estado, el diputado Zertuche Zuani comentó que le hubiese gustado que el procedimiento se efectuara de manera más ágil, pero ese esa es la ruta de justicia que debe seguirse.
Mencionó que hay otras dos controversias sobre las reformas constitucionales que introdujo la 64ª. Legislatura, durante el mes de septiembre, y con las cuales se blindaba al Gobernador del Estado, así como al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Entre estas las reformas legislativas mediante las cuales se otorgaban escoltas al Gobernador del Estado, secretario General de Gobierno, secretario de Seguridad Publica y Fiscal General de Justicia del Estado, por seis años después de que hayan dejado el cargo.
