Emiten 14 órdenes de aprehensión contra servidores públicos por desaparición forzada

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La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada obtuvo 14 órdenes de aprehensión en contra deservidores públicos implicados en los delitos de desaparición forzada y secuestro. La mayoría de estos eran elementos de la Policía Estatal y de la Policía Investigadora.

 

Como resultado de una serie de investigaciones se consiguieron otras 14 órdenes de aprehensión en contra de particulares implicados en los delitos de secuestro y desaparición.

 

Fueron un total de 28 ordenes de aprehensión las que durante el año pasado consiguió la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de las cuales ya se cumplimentaron tres logrando la vinculación a proceso, en tanto que con el resto se encuentra en el proceso de localización y detención de los presuntos responsables.

 

El Informe Anual de la Fiscalía General de Justicia del Estado no precisa quienes son los servidores públicos implicados en el delito de desaparición forzada, pero fuentes de la Fiscalía consultados mencionaron que se trata de elementos de la Policía Estatal y la Policía Investigadora.

 

Por el curso de las investigaciones sobre el delito de desaparición forzada no se descartan ejecuciones extrajudiciales.

 

Ante el incremento de denuncias por el delito de desaparición forzada la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada ha sido dotada con más personal para cumplir su función así de cinco se paso a 26 el número de Agentes del Ministerio Público y de 11 a 67 policías investigadores. Además se cuenta con 28 peritos.

 

A la vez se cuenta con una unidad de apoyo para ayuda psicológica a las víctimas durante el proceso de investigación, desde el acompañamiento en la presentación de la denuncia hasta en la notificación de alto impacto.

 

Se hizo hincapié en que parte del trabajo de esta Fiscalía Especializada se realiza en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas ya que se trata de delitos cometidos por servidores públicos.