Con 59 mil representantes de partidos en las casillas será la elección más vigilada

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Al declararse el Instituto Electoral de Tamaulipas listo y preparado para la jornada electoral del próximo domingo, su presidente Juan José Ramos Charre, presidente del Instituto, sostuvo que con 59 mil representantes de partidos políticos y 522 observadores electorales esta será la elección más vigilada.

El próximo domingo serán instaladas cuatro mil 777 casillas a las cuales podrán concurrir dos millones 737 mil 311 electorales a emitir su sufragio para elegir al Gobernador del Estado para el periodo constitucional 2022-2028.

La ciudadanización de las elecciones es un elemento esencial y determinante que garantiza que el voto del electorado será respetado, indicó al informar que 19 mil 108 ciudadanos que actuarán como funcionarios de las mesas directivas de casilla, siempre apegados al marco legal, actuando con certeza y absoluta transparencia.

Insistió que la totalidad de las casillas que serán instaladas contaran con representantes de la coalición “Va por Tamaulipas” y de la candidatura común “Juntos Hacemos Historia” y además de los más de 520 observadores harán la elección del próximo domingo, una de las más vigilada y supervisada de la historia.

Ramos Charre, insistió en hacer un llamado para evitar la propagación de desinformación o expresiones que demeriten o pretendan afectar la jornada electoral. Ahora es momento de esperar y atender con toda puntualidad la expresión de la ciudadanía en las urnas mediante la emisión del voto, libre de todo intento de compra o coacción, pues solo así se construye la democracia, sostuvo.

Así insistió en el exhorto firme y puntual a las autoridades, actores políticos y sociedad en general para actuar con toda responsabilidad en este momento crucial de definiciones fundamentales para Tamaulipas.

Y apuntó el presidente del Consejo General de IETAM que la autonomía, independencia e imparcialidad ejercida por las autoridades electorales en Tamaulipas se suman al engranaje constitucional convenido socialmente para garantizar la transmisión pacífica del poder público, en este caso, del poder Ejecutivo del Estado.

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