Marco Antonio Vázquez Villanueva
En algo similar a un acto de locura, el cabildo de Victoria se reunió el pasado viernes y voto a favor una propuesta para reducirle el aguinaldo a los trabajadores sindicalizados, se sabe que también les quitarán otros beneficios, como los de despensa.
El acto avalado y promovido por el alcalde Eduardo Gattas Báez es una traición al sindicato de trabajadores municipales que en su campaña para ganar la presidencia municipal lo respaldó, o eso parecía porque las malas lenguas dicen que el asunto “va más allá”, que se trata de desestabilizar la capital del Estado, quitarle adeptos al gobernador electo en una especie de complot en el que también participan el alcalde de Altamira, Armando Martínez, el de Madero, Adrián Oseguera y muchos más pero que tienen más filiación por el lado azul.
El rumor es que a los tres alcaldes que supuestamente tienen la ideología de Morena les prometieron impunidad en la Fiscalía General del Estado, les aseguraron que sus expedientes van a quedar congelados y hasta los pueden desaparecer, pero no solo eso, los convencieron con la locura de que “van a tumbar a Américo”, los tres ediles (el de Victoria, Altamira y Madero) están convencidos de ello al grado de que hasta en el Congreso provocaron que una Diputada “guinda” se transformara en azul para así poder aprobar las reformas del último día de sesiones y blindarse ante cualquier acción del futuro gobernador con las reformas que fortalecieron la fiscalía, lo que no saben, y para desgracia de ellos, es que las mismas se pueden tumbar con una impugnación ya presentada o mediante decreto. Sin embargo, ese es otro tema que ya se tratará en su tiempo.
Por lo pronto, lo visible es que el Secretario del ayuntamiento, quizá el asesor jurídico, odian al alcalde de Victoria y a los regidores de Morena que los hicieron votar para reducirle los pagos a los trabajadores cuando de todos es conocido que no es legal.
Lo más triste sería que a los miembros del cabildo de Victoria de plano se les haya subido a la cabeza eso de que tienen poder, porque parece que los han elevado sobre el congreso de la unión y le han facultado de poderes metaconstitucionales, y ahora ya no quieran mirar para abajo.
A todas luces fue una tontería esa votación para quitarle días de aguinaldo a los trabajadores y su beneficio de despensa, y no solo se trata de lo que viene con el problema político al que meterán al gobernador electo ni de la traición a un sindicato que le apoyo al alcalde en su campaña sino que a largo plazo las demandas pueden provocar que quiebre el municipio jodiendo a todos los victorenses porque todas las van a ganar los trabajadores, cualquier decisión que vaya en contra de sus conquistas laborales es nula de pleno derecho y eso lo sabe un estudiante de primer semestre de derecho.
En beneficio del alcalde y del cabildo hay que decir que tienen razón en eso de que algunos liderazgos del pasado se despacharon con la cuchara grande, tienen sueldos y beneficios exorbitantes, pero no es real lo que hablan de que no perjudicarán a los trabajadores, ¿quitarles 60 días de aguinaldo no afectará a los burócratas municipales?, ¿quitarles la despensa tampoco?, por supuesto que sí, ahora si quieren golpear a los liderazgos nefastos pues que señalen caso por caso, tal vez sean cinco, 10 o 100, pero los otros 1 mil 300, qué culpa tienen como para perjudicarlos, ninguna.
Reducir salarios violenta la Constitución, es motivo suficiente para que cualquiera pueda adoptar una figura similar al despido injustificado lo que sería imposible de cubrir por la administración para los mil 400 sindicalizados cuando se pierdan las demandas, más porque a los trabajadores los quieren tachar de todo cuando lo real es que ellos son los que barren, limpian, tapan baches en sus posibilidades, cambian lámparas y hasta pasan por la basura, por eso no pueden ser merecedores de algunos adjetivos que les colocan y por esa misma razón se les debe proteger sus beneficios que para ellos significan los pasajes de sus hijos, las colegiaturas, o curar a alguien de su familia porque ni servicios médicos tienen, se los han robado.
Hay algo más, el presupuesto de este año ya está aprobado, y circula una petición de información donde se pretende gastar más de 100 millones en compensaciones, entonces, ¿Para quién son, o de qué se trata?, más aún, ¿qué le pretenden hacer al dinero?, la verdad es que hay muchas cosas que explicar en ese sentido.
De lo que hay certeza es de que vienen tiempos difíciles para Eduardo Gattas si es que resulta real la especie de que el gobernador electo dará el manotazo en la mesa en defensa de los trabajadores que ya fueron a su oficina de gestión y salieron contentos, pero serán días más difíciles para Victoria en caso de que no caigan en la razón de que no deben, ni pueden, afectar conquistas laborales d los trabajadores nomás por ocurrencias.
Ojalá todo se trate de que alguien odia a alcalde y lo este mal asesorando, ojalá y no sea real esa parte del complot de la que hablan porque confirmaría que alguien odia a Victoria y hasta sus últimos días no dejará de estarla jodiendo…
GOBERNADOR ELECTO ENTRA EN DEFENSA JURIDICA DEL FUTURO PODER EJECUTIVO… El tribunal electoral dio a conocer que las Impugnaciones y denuncias presentados por Morena, MC y el doctor Américo Villarreal en su calidad de gobernador electo y en contra de las sesiones del Congreso del Estado, celebradas el 30 de junio y 1º de julio de 2022 y actos cometidos por los diputados del PAN y el PRI ya están en estudio.
El informe es que se presentaron diversos medios de impugnación para revocar una serie de actos que consideran inconstitucionales e ilegales cometidos por los legisladores del Partido Acción Nacional y del PRI en la sesión de clausura del periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado.
A saber, existe un recurso de defensa de derechos político electorales, promovido por los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva (morena) que fungió durante el periodo ordinario, en razón de que se les negó el acceso a ejercer su cargo en la Diputación Permanente ya que la elección de la Diputación Permanente se realizó en dos ocasiones, obteniéndose empate con 18 votos cada propuesta. Al efecto, la ley interna del Congreso establece que cuando no sea posible designar al referido órgano, la Mesa Directiva del Periodo que concluye estará a cargo de la Diputación Permanente, por lo que se realizó tal declaratoria pero Ilegalmente, horas después, el GP-PAN presentó una nueva propuesta para elegir una nueva Diputación Permanente, la cual fue electa en contra del GP-morena y la representación de Movimiento Ciudadano.
También se presentó un Recurso de defensa de derechos político electorales, promovido por los Diputados Úrsula Patricia Salazar Mojica, Coordinadora del grupo parlamentario de morena y Gustavo Cárdenas Gutiérrez representante de Movimiento Ciudadano, toda vez de que se les negó el acceso a ejercer su cargo como integrantes de la Junta de Coordinación Política, en razón de que no se les convocó a reunión de la misma para acordar la prórroga de la sesión más allá de las 5 horas que establece la ley.
Y, finalmente, hay un Recurso de defensa de derechos político electorales, promovido por el Gobernador electo Américo Villarreal Anaya, en contra del Congreso del Estado por la expedición del Decreto que transfiere funciones en materia de seguridad a la Fiscalía General del Estado y en contra del Gobernador del Estado por la promulgación y publicación de un Decreto inconstitucional, la justificación es que, como Gobernador electo, se vulnera su derecho de efectivo acceso al desempeño del cargo, pues la Constitución Política del Estado establece como atribución del Ejecutivo local el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y acciones en el ámbito de seguridad pública del Estado.
A la par de estas promociones se denunció ante la Fiscalía General del Estado a Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, Presidenta de la Mesa Directiva y Félix Fernando García Aguiar, Presidente de la Junta de Coordinación Política, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público y coalición de servidores públicos, por violentar de manera reiterada y sistemática las disposiciones que rigen la organización y funcionamiento internos del Congreso, al nombrar de manera ilegal una Diputación Permanente y prorrogar una sesión sin los requisitos de ley.
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