Por Mario Díaz
SIN que necesariamente represente una garantía plena de paz y tranquilidad para las familias mexicanas, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR insiste en que el antídoto para ese mal es la militarización de la Guardia Nacional, por lo cual enviará la iniciativa correspondiente a la Cámara de Diputados para su discutir la necesaria reforma constitucional.
Consciente de que tal proyecto de nación no pasará el filtro legislativo ante la ausencia de mayoría absoluta en ambas Cámaras del Congreso de la Unión por parte de legisladores morenistas y aliados, el jefe del Ejecutivo federal propondría una reforma a la ley secundaria que permita que la Guardia Nacional pase al control absoluto de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Es decir, que ante el freno que impondrá el bloque opositor en la Cámara de Diputados y en el Senado no se lograrán las dos terceras partes de la votación para lograr la reforma constitucional, el huésped del Palacio Nacional sacará un “as bajo la manga” y enviaría la iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que solo requiere mayoría simple en votación plenaria de diputados y senadores.
Algo parecido a lo que ocurrió con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que no se logró en cambio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero sí en la ley secundaria que, a final de cuentas, avala el proyecto de nación en materia energética del presidente LÓPEZ OBRADOR.
Desde otra perspectiva, el escenario político-legislativo que confronta al gobierno de la Cuarta Transformación con el bloque opositor al régimen podría ser analizado, discutido y dictaminado en el seno del Poder Judicial en caso de impugnación de los legisladores panistas, priístas y perredistas en eventual iniciativa de cambio a la ley orgánica federal.
La facultad del Ejecutivo federal para emitir un acuerdo presidencial que coloque a la Guardia Nacional bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional y ya no de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana evitaría debate y controversias, aunque, eso sí, contraponiéndose a lo que marca la Constitución y la ley de la Guardia Nacional.
Pero, al margen de las diferencias surgidas entre la 4T y los “vende patrias” y “traidores a la patria”, como califica AMLO a la oposición, la realidad es que si la Guardia Nacional es manejada por civiles o militares, el mando no garantiza que cesen los enfrentamientos entre bandas rivales de la delincuencia organizada o bien de estos con las fuerzas federales, el cobro de piso, el narcomenudeo, secuestros y, lo más lamentable, la presencia cada vez mayor de los poderes fácticos influyendo en la política mexicana.
Si bien es cierto que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México se distinguen por su lealtad y disciplina a la patria y a la institución, también es una verdad de a kilo que sus habilidades, entrenamiento y recursos bélicos y tecnológicos se ven acotados por la fuga de información y complicidad de mandos menores o de otras corporaciones armadas de los tres niveles de gobierno, sin descontar, por supuesto, a los políticos que navegan “con dos banderas”.
Está bastante documentado que los cárteles de la droga no respetan grados ni color de uniforme a la hora de enfrentar a quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar la tranquilidad y el orden. Soldados y marinos han sido abatidos durante los enfrentamientos con grupos delincuenciales, lo que evidencia su peligrosidad y ninguneo a las fuerzas militares.
La realidad deja descubierto que el principal enemigo del gobierno en turno es la corrupción que provocan quienes se dedican a actividades ilícitas para obtener la impunidad que requieren para desenvolverse en el “bajo mundo”.
Gendarmería, Policía Federal o Guardia Nacional son membretes que cambian en cada sexenio sin que se refleje efectividad para combatir el tumor maligno que representa la inseguridad a lo largo y ancho de la república mexicana.
De tal manera que, sin el menor ánimo pesimista, el horizonte no es muy prometedor en materia de seguridad pública si se impone el freno opositor en el Congreso de la Unión o bien gana la partida el “as bajo la manga” del presidente de la 4T.
Aunque, eso sí, seguramente el imaginario colectivo se divertirá con los dimes y diretes que desatará la discusión de la iniciativa de ley que enviará el Ejecutivo federal al Legislativo tendiente a militarizar a la Guardia Nacional.
Por cierto, tiene fundamento la corriente de opinión que sugiere que el gobierno de la Cuarta Transformación está delegando demasiadas funciones a las fuerzas armadas. Actualmente, el Ejército y la Marina tienen bajo su responsabilidad puertos marítimos, aduanas fronterizas, aeropuertos y, además, la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Ante la serie de lagunas legales derivadas de una redacción no del todo explícita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las Constituciones locales y en las leyes secundarias de ambos órdenes de gobierno, urge que los legisladores federales y locales analicen detenidamente artículo por artículo para evitar los nudos jurídico-legislativos que provocan dualidad de interpretación.
Es tiempo que se defina claramente el alcance legal y constitucional de lo que significa el federalismo y la soberanía estatal. La Guardia Nacional (acuerdo presidencial), Tren Maya (seguridad nacional) y el desafuero (jurado de procedencia) del gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA son claros ejemplos de lo antes descrito.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
