POR CARLOS LOPEZ ARRIAGA
Cd. Victoria, Tam.- Empecé esta columna atendiendo el interesante caso del fiscal recién caído en Nuevo León y su relación con los feminicidios acaecidos en dicha entidad vecina. Sin embargo, cierta noticia de última hora hace necesario un añadido urgente, a manera de prólogo.
Estaba listo para el envío cuando me entero de la orden de captura (con su respectiva alerta migratoria) girada contra un tal “FRANCISCO JAVIER N”, a la sazón exgobernador de Tamaulipas, cuyo apellido completo es GARCÍA CABEZA DE VACA, miembro distinguido del Partido Acción Nacional (PAN).
La Fiscalía General de la República (FJR) informó que los cargos son delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Nada que no supiéramos desde el histórico procedimiento de desafuero que presidió PABLO GÓMEZ ALVAREZ.
O, mejor dicho, desde aquel meticuloso reportaje de portada elaborado por ALEJANDRO CABALLERO para su publicación en el semanario PROCESO, edición 2301, 6 de diciembre de 2020 (“El clan del gobernador de Tamaulipas”).
El lector puede encontrar una versión ligera de este trabajo en el portal de publicaciones #Scribd, dando clic al siguiente enlace: https://tinyurl.com/2nr7rh27
Pues bien, ahora nos dice el boletín del Instituto Nacional de Migración (INM), organismo inscrito en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), lo siguiente:
«El INM emitió alerta migratoria a nombre de FRANCISCO JAVIER N. La FGR solicitó la intervención del INM para la implementación de dicha medida, al existir una orden de aprehensión en su contra emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada.»
Dicho lo anterior, ahora sí, con el permiso del lector (lectora), voy con el tema originalmente dispuesto que procede y atañe al Nuevo Reino de León, la capital Monterrey y su conflictiva zona conurbada. Ojo chícharo.
LOS FISCALES
Llegan por voto legislativo y con ese mismo voto se van. Son los antes llamados procuradores, hoy fiscales que con (presunta o real) autonomía cargan sobre sus hombros la alta responsabilidad de fungir como abogados del Estado y del pueblo, titulares más altos del ministerio público.
En Nuevo León acaba de renunciar uno, GUSTAVO ADOLFO GUERRERO GUTIÉRREZ, licenciado en ciencias jurídicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien había arribado al cargo mostrando credenciales envidiables, en trayectoria y academia.
Fue defensor en el ramo de los derechos humanos, juez civil y familiar, magistrado estatal y presidente del Supremo Tribunal en su entidad nativa, con una cantidad respetable de cursos, diplomados y reconocimientos.
Pues este señor se tuvo que largar y el detonador de su ruina (vox populi dixit) fue su incapacidad para procesar con la honestidad y la eficacia debidas los feminicidios que este año han conmocionado a la sociedad neoleonesa.
En particular, el de la joven DEBANHI ESCOBAR BAZALDÚA, oriunda de Apodaca, desaparecida el pasado 8 de abril y encontrada muerta 14 días después, el día 22, en la cisterna de un motel.
Su secuestro, tortura y muerte se vieron desvirtuados por versiones contradictorias de la propia fiscalía y torpes maniobras de encubrimiento que de manera clara rehuyeron enfocarse en temas esenciales.
Como, por ejemplo, el lugar de la fiesta de donde ella salió y el perfil de sus anfitriones, señalados en redes como sospechosos de nexos con la delincuencia organizada.
Tras varios meses dando palos de ciego, entre necropsias y teorías disparatadas, el avance del caso DEBAHNI llegó al punto muerto en que se encuentra ahora, ni para atrás ni para adelante.
Las explicaciones de los investigadores oficiales no logran precisar si se trató de asesinato o muerte accidental. Tampoco por qué razones, por obra de quien o quienes, apareció el cadáver en un lugar, ojo… ¡que ya había sido revisado antes!…
El estudioso GUERRERO GUTIERREZ prefirió botar la chamba, aventar el arpa, deponer la lira, antes que seguir adelante en el cumplimiento de su deber.
Le quedó mucho a deber a la opinión pública de Apodaca, de todo Nuevo León y todo México. El hombre prefirió correr antes que avanzar un milímetro en la dirección correcta.
¿Dirección correcta?… Léase, el grupo delictivo al que la prensa ubica en el círculo de amistades de esa pareja de comediantes que malgobierna dicho estado, SAMUEL y MARIANA.
En fin, este miércoles 5 de octubre, el fiscal presentó su solicitud de renuncia al Congreso local, refugiándose en el argumento de una presunta jubilación, tras 40 años de servicio. Su salida es, sin menoscabo de duda, un triunfo de la impunidad.
EL REEMPLAZO
Quedó como encargado temporal de despacho el vicefiscal jurídico PEDRO JOSÉ ARCE JARDÓN. Ello, mientras se encamina el proceso formal de relevo, donde el Poder Ejecutivo elabora una terna y el Legislativo escoge.
El interino ARCE JARDÓN tiene posibilidades de ser ratificado, si atendemos a su larga trayectoria profesional. Inició como meritorio, después escribiente, delegado y luego agente del Ministerio Publico.
Posteriormente sería director de agentes del MP, director de Orientación y Prevención en Procuraduría, dirigió Control de Procesos y llegó a Subprocurador. Entró en la puja de 2018 por la fiscalía que votó el Congreso, donde fue finalista, misma que ganó el hoy cesante GUSTAVO ADOLFO GUERRERO.
Líneas aparte, un rumor tras bambalinas consignado por los medios menciona entre los posibles relevos a un personaje siniestro como es el priísta ADRIAN DE LA GARZA SANTOS, excandidato a gobernador en los comicios del 6 de junio de 2021, donde quedó en segundo lugar después de SAMUEL GARCÍA.
Entre otros cargos, DE LA GARZA fue también alcalde de Monterrey (2015-2020) y antes procurador durante el polémico gobierno de RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ (2011-2015).
Cargo este último donde ADRIÁN se forjó la leyenda negra que hoy lo acompaña como represor feroz, al que los organismos de derechos humanos culparon por numerosos expedientes de desaparición forzosa.
También le documentaron más de 100 casos de tortura cometidos por la Policía Investigadora en la entonces llamada procuraduría (hoy fiscalía).
Tragedias que en su tiempo colocaron a Nuevo León como la entidad con mayor tortura policial en todo el país. Ahora quieren que vuelva bajo la bandera naranja de SAMUEL GARCÍA, imagínese usted, haciendo sinergia lo chafa con lo maligno.
BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com
