Tras las investigaciones en diversas secretarias y dependencias se han comenzado a integrar expedientes y empezado llamar a extitulares para que aclaren y expliquen las irregularidades encontradas y de no presentarse o no solventarlas debidamente deberán de responder ante las autoridades correspondientes y enfrentar todo el peso de la ley, advirtió el gobernador Américo Villarreal Anaya.
Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la Contraloría Estatal, señaló que se han integrado ya 22 expedientes sobre presuntas irregularidades, de las cuales en dos se observa el daño al erario público.
Trascendió que ya se han comenzado a citar a exsecretarios como de Salud, Gloria Molina Gamboa y Administración, Jesús Alberto Salazar Anzaldua.
A la vez reveló que la Auditoria Superior de la Federación también omitió observaciones las cuales no han sido solventadas y la misma continua con su proceso para en su momento proceder a la aplicación de sanciones.
El gobernador Villarreal Anaya reiteró que su administración se habrá de caracterizar por la transparencia y rendición de cuentas, por el combate a la corrupción que tanto daño a hecho el estado y por la cero tolerancia a la impunidad.
Así dio a conocer que tras las investigaciones en todas las secretarías y dependencias se han comenzado a integrar expedientes y se está llamando a los extitulares de las dependencias para que aclaren y expliquen las irregularidades y de no presentarse o sustentarlas correctamente deberán responder ante las autoridades y pagar con todo el peso de la ley.
Además, se investiga a 437 personas que debieron haber cumplido con la actualización de la declaración patrimonial y no lo hicieron a tiempo como lo establece la ley.
Añadió que hay otros siete servidores públicos en función los cuales no cumplieron con las disposiciones de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública por lo cual también se investigan por omisiones y faltas administrativas por lo cual son objeto de procesos.
Apuntó que los exfuncionarios que están siendo requeridos tienen un término de 60 días para hacer las aclaraciones sobre las observaciones formuladas.
Pedraza Melo, hizo hincapié insistió en que se hace una revisión exhaustiva de todos los recursos humanos, materiales y financieros recibidos a fin de organizarlos y obtener de estos su mejor aprovechamiento.
