Por Mario Díaz
H. Matamoros, Tam.-Bien sea por prudencia, falta de voluntad política o bien por “instrucciones superiores” (léase 4T), lo cierto es que a casi 60 días del todavía flamante período sexenal del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA no se ha registrado ninguna acción que contribuya a penalizar delitos cometidos por funcionarios al servicio del gobierno de los “vientos del cambio”.
Hasta el momento la administración estatal americanista se ha concretado a cancelar algunas licencias notariales que dejó como herencia el ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA a abogados afines a su gobierno, a escasas horas de cumplir su mandato constitucional.
Pecata minuta, si se compara con las irregularidades que la Secretaría de Administración ha detectado en distintas dependencias dependientes del anterior Poder Ejecutivo Estatal.
A punto de completar los primeros 60 días de gobierno de la segunda alternancia política en Tamaulipas, continúan acotadas las facultades del gobernador VILLARREAL ANAYA como consecuencia del “campo minado” que le dejó su antecesor.
Con un Congreso en manos panistas y candados recientes que requieren mayoría calificada para decidir temas asociados con leyes secundarias son, entre otros, los problemas que enfrenta el mandatario y que acotan sus facultades como servidor público.
El control de las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPAS) y la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros (JAyD) continúa bajo la férula de GARCÍA CABEZA DE VACA, luego de cambios a la ley orgánica que requiere de mayoría legislativa calificada para remover a los titulares de esos organismos operadores.
Por el mismo motivo, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA está impedido para tomar el control del Sistema de Seguridad Pública, los Centros de Cómputo y Comando, el Secretariado Ejecutivo, el Centro Estatal de Control y Confianza y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas.
La actual Legislatura tamaulipeca, atendiendo instrucciones del entonces mandatario estatal, aprobó reformas a leyes secundarias para trasladar atribuciones del Poder Ejecutivo a la Fiscalía General de Justicia en el Estado, convertida ahora en una “super fiscalía”.
Como si todo lo anterior no fuera suficiente para “atar de manos” al gobierno morenista, el “campo minado” del gobierno cabecista incluyó la expedición de una “constancia de antecedentes de no corrupción que expedirá la dependencia a cargo del fiscal general IRVING BARRIOS MOJICA a través del fiscal anticorrupción-quien no aprobó los controles federales de control y confianza-RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA.
Es decir, solo los proveedores del anterior gobierno estatal panista estarán en condiciones de asegurar el “certificado anticorrupción”, por lo que los aspirantes a la prestación de diferentes servicios tendrán que pasar el “filtro azul”, por lo que es fácil deducir el criterio que se empleará con quienes apoyaron a la causa guinda rumbo a la gubernatura tamaulipeca.
Para tal efecto, los diputados de Morena en el Congreso Local están impulsando una iniciativa de ley para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía y la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública.
Lo malo del caso para el actual régimen sexenal es que la división de fuerza entre morenistas y panistas en el Congreso Local será el obstáculo principal para desactivar “las minas” dejadas por el cabecismo antes de su retirada del campo de batalla.
El candado que exige mayoría calificada para regresar al punto de partida en leyes secundarias es imposible de abrir por parte de los diputados locales de Morena y su aliado del Movimiento Ciudadano.
De no lograrse el consenso necesario, el gobierno del doctor VILLARREAL ANAYA habrá de esperar al proceso electoral de 2024 y que el Poder Legislativo sea dominado por los legisladores guindas.
Desde esa perspectiva, el médico-cardiólogo habrá de gobernar el primer tercio de su mandato en condiciones no fortalecidas como para tomar el control total de las riendas gubernamentales.
Las altas posibilidades de que Morena arrase en la elección presidencial de 2024 sería la llave para eliminar los candados legislativos heredados por el gobierno de los “vientos del cambio”.
Mientras tanto, el jefe del Ejecutivo Estatal habrá de conformarse con la anulación de licencias notariales expedidas de manera irregular por el ex mandatario FRANCISCO JAVER GARCÍA CABEZA DE VACA en favor de abogados afines a su régimen sexenal o bien a gestiones de terceros como pago a su lealtad.
Por otro lado, si realmente existiera voluntad política para proceder en contra de quien encabezó el sexenio más corrupto en la historia de Tamaulipas, bastaría que la Auditoría Superior de la Federación judicializara el caso ante la Fiscalía General de la República.
Así de sencillo.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Sería conveniente, justo y necesario que el ciclo de conferencias con el tema “Hablar de Derechos Humanos Engrandece al IMSS” que lleva a cabo esa institución a iniciativa del director general, ZOE ROBLEDO ABURTO, no tan solo involucre al personal médico, administrativo, de enfermería y seguridad, sino que el mensaje realmente logre el objetivo.
Actualmente, la imagen del Instituto Mexicano del Seguro Social no está en su mejor momento como consecuencia de la política austera del gobierno de la Cuarta Transformación que se refleja en la falta de medicamentos, de médicos especialistas y equipo.
Ojalá que el ciclo de conferencias contribuya a mejorar la atención del derechohabiente, cuyos derechos humanos diariamente se ven vulnerados desde el primer contacto con los guardias de seguridad y el personal de recepción y administrativo.
Cambiar la imagen del IMSS y mejorar el rumbo con la cobertura de los derechos humanos, sin duda, sería un activo político-social muy generoso para el futurismo de ZOE ROBLEDO, quien pretende ser gobernador del estado de Chiapas.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
