POR CARLOS LOPEZ ARRIAGA
Cd. Victoria, Tam.- El expresidente de Guatemala OTHO PÉREZ MOLINA es un general de extrema derecha (“kaibil”, para más señas) empoderado en 2012 por el ultraconservador Partido Patriota y destituido en 2015 ante acusaciones graves de corrupción, cohecho, asociación ilícita y fraude aduanero.
Un caballero con pasado golpista, represivo y voraz. El personaje es noticia en la presente semana porque un tribunal especial de su país lo declaró culpable y le dictó condena de 16 años de prisión por los delitos arriba referidos.
El uso abusivo del poder no tiene ideología. Por igual, izquierdas y derechas abundan en ejemplos. Lo novedoso es que ahora se informe, conozca, denuncie, enjuicie, juzgue y sancione.
En la columna de ayer mencioné los casos de dos personalidades de izquierda en problemas con la justicia, la argentina CRISTINA FERNÁNDEZ DE KRISHNER y el peruano PEDRO CASTILLO TERRONES.
Quienes festinan estos casos desde redes y medios argumentan que tales personajes son necesariamente corruptos por ser populistas.
Pero igual, los que ahora aplauden la sentencia condenatoria contra el general PÉREZ MOLINA argumentan que la derecha es intrínsecamente ladrona.
En ambos casos se equivocan, son falacias deliberadas, distorsiones con filtro ideológico. Ni la inmoralidad ni el autoritarismo están casados en automático con alguna filosofía política.
No de manera específica. Son tan universales como la gripa. En todo caso debemos reconocer la independencia de las instituciones republicanas en las naciones donde esto se persigue.
La envidiable fortaleza de los poderes legislativo y judicial que permite deponer a los poderosos por la vía legal del desafuero, mediante procesos ampliamente discutidos y consensados, en tribunales y cámaras, de cara a la opinión pública.
DISTINTOS RASEROS
Por mencionar el caso de este miércoles. De los 130 legisladores que componen el congreso unicameral de Perú, 101 votaron en favor de la destitución y seis en contra, con diez abstenciones.
¿Qué proporción representan 101 de 130?… El 77 % de los diputados y esto significa que más de las tres cuartas partes votaron contra el jefe de gobierno, para declarar vacante la silla y proceder al reemplazo.
Y lo hicieron de manera abierta, en sesión pública y televisada. Guste o no, se trata de un procedimiento legítimo, como también legal fue el tribunal que investigó y ahora condena al militar derechista de Guatemala.
En el caso de Perú, de pronto aflora ese doble rasero que antes aplaudió la caída y encarcelamiento del neoliberal ALBERTO FUJIMORI pero luego desacredita las acciones del Congreso contra el populista PEDRO CASTILLO.
Mismo país, mismas leyes, mismo procedimiento, similar el propósito de juzgar las acciones de un jefe de Estado y desplazarlo de su cargo. Nada los hace diferentes, salvo su ubicación dentro de la geometría partidista.
La ley es la ley. De otra manera estaríamos cayendo en una moral de conveniencia. Que eventos similares sean buenos o malos según aprovechen (o no) a quien los observa.
Peor todavía, una epistemología de conveniencia. Que las mismas palabras tengan significados distintos en función de la utilidad práctica de quien las enuncia.
O, incluso, una ontología de conveniencia. Que un hecho se reconozca o bien se declare inexistente en aras del beneficio representado para una determinada causa.
JUSTICIA DÉBIL
Cabe por cierto preguntar cuántos expresidentes mexicanos estarían hoy en prisión si tuviéramos legisladores y jueces con un grado de independencia similar al que ahora vemos en Guatemala, Perú y Argentina.
Considerando únicamente a los que están vivos, CARLOS SALINAS podría acarrear acusaciones graves por las muertes de MANUEL CLOUTHIER, LUIS DONALDO COLOSIO y JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU.
Amén de cargos por enriquecimiento inexplicable, al documentarse esa fortuna superior a 100 millones de dólares depositados en Suiza con su hermano RAÚL en calidad de prestanombres.
El doctor ZEDILLO, entre otros temas, por su FOBAPROA, la multimillonaria deuda privada convertida en deuda pública que los mexicanos todavía seguimos pagando tres décadas después.
De VICENTE FOX por el uso doloso de sus fundaciones (Vamos México, Centro Fox) como lavanderías gigantescas de dinero. Tema ampliamente documentado por reporteros de investigación como RAÚL OLMOS, cuyo libro “Negocios a la sombra del poder” (Grijalbo, 2017) se ha convertido en un clásico.
De CALDERÓN por su asociación cercanísima (complicidad, encubrimiento) con el narcopolicía GENARO GARCÍA LUNA, hoy preso y sometido a juicio en una corte de Nueva York.
De PEÑA NIETO por ladrón y con eso está dicho todo.
Ciertamente, México se ubica muy a la zaga entre las democracias del mundo, no solo por su endeble moral pública sino también por la debilidad de sus poderes autónomos, legislativo y judicial, frente a las tropelías del Poder Ejecutivo.
Seguimos siendo un país de excepción en el concierto latinoamericano. Ningún mandatario ha sido llamado a rendir cuentas ni recibido castigo por los latrocinios y arbitrariedades perpetradas durante su mandato.
Reina el mercado de la impunidad. También la regla no escrita que impone el estratégico perdón de los jefes entrantes a sus antecesores. Y es mercado porque de muchas maneras sugiere la existencia del proverbial pago de marcha.
Valores entendidos, les llaman, software oculto, por supuesto, maligno. Complicidad entre poderosos que opera en calidad de medida preventiva, pues quienes otorgan la gracia buscan vacunarse contra una acción similar que pudiera afectarlos seis años después.
En este sentido, los hechos que esta semana son noticia en el plano internacional atraen la mirada mexicana hacia el sur pero también al espejo. Las comparaciones son odiosas, el contraste resulta inevitable.
BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com
