-Acciones de inconstitucionalidad enfrentan a AMLO y a ministros
-En términos no del todo cordiales se analizará el Plan B electoral
-Reforma a la Ley de General de Comunicación atentaría al federalismo
H. Matamoros, Tam.-Por separado, el PAN, PRI y PRD presentaron sendas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
El bloque opositor al gobierno de la Cuarta Transformación considera que las modificaciones a leyes secundarias contempladas dentro del Plan B del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR violan principios básicos constitucionales y atentan el federalismo.
Ante el fracaso para lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados requerida para la reforma constitucional, el jefe del Ejecutivo federal reviró con cambios a leyes secundarias con aprobación de mayoría simple en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
No obstante, vencido el escollo en San Lázaro y en el Senado, ahora la 4T enfrenta la controversia constitucional que habrán de decidir los ministros del máximo tribunal en el país.
SANTIAGO CREEL MIRANDA, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con la anuencia de MARKO CORTÉS, dirigente nacional del PAN, presentó la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
JESÚS ZAMBRANO, presidente del CEN del PRD, y ALEJANDRO MORENO, dirigente nacional del Tricolor, presentaron el mismo recurso ante la inconformidad surgida de supuestas o reales violaciones a la Carta Magna.
Cabe señalar que el bloque opositor integrado por el PAN-PRI-PRD confían en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidará las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, contempladas en el Plan B del presidente LÓPEZ OBRADOR.
La relación no tan cordial del huésped de Palacio Nacional con los ministros de la SCJN y con la presidenta NORMA LUCÍA PIÑA sería una luz al final del túnel para los legisladores y partidos políticos inconformes.
Debido al proceso electoral en el estado de México y Coahuila y el de la elección presidencial que iniciará en septiembre próximo, los togados habrán de brindar prioridad a las acciones de inconstitucionalidad por tratarse de asuntos electorales, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene hasta el día 30 de abril del año en curso para determinar lo conducente y aclarar si las reformas lopezobradoristas violan o no la Constitución y el federalismo.
Por su parte, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), asegura que el Plan B de la reforma electoral enviado a la Cámara de Diputados por el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR vulnera el orden constitucional.
Será por demás interesante conocer el resolutivo de los ministros de la Suprema Corte respecto a la reforma al artículo 26 de la Ley General de Comunicación que obliga a los tres niveles de gobierno a no gastar más de 0.1% del presupuesto anual en el rubro de publicidad y difusión.
Los opositores a la Cuarta Transformación coinciden que esa reforma a la ley secundaria en la materia violenta la autonomía y soberanía de las entidades contempladas en el federalismo.
Y, en efecto, acotar el gasto publicitario a gobernadores y alcaldes podría considerarse como una intervención ilegal del gobierno federal en la autonomía estatal.
Más aún si se toma en cuenta que el Plan B y las leyes secundarias fueron aprobadas por el Congreso de la Unión el 15 de diciembre de 2022 y-por ejemplo-en Tamaulipas el Congreso Local aprobó el presupuesto a ejercerse en 2023 el 14 de diciembre, es decir, un día antes, por lo que podría aplicarse que ninguna ley es retroactiva.
En H. Matamoros, Tamaulipas, el cabildo aprobó el presupuesto de egresos para 2023 el primero de diciembre del año pasado.
Si bien es cierto que muchos gobernantes despilfarran el erario en el culto a la personalidad o futurismo político, además de desviar millones de pesos en el pago de empresas de comunicación “fantasmas” o bien surgidas al inicio de tal o cual régimen de gobierno, también es cierto que bastaría la lupa de la Auditoría Superior de la Federación para frenar esas prácticas irregulares en el manejo de los recursos públicos.
No es descubrir el hilo negro o el agua tibia citar las componendas y millonarios desvíos económicos del rubro de publicidad y difusión oficial orquestadas desde la coordinaciones o direcciones de comunicación social de gubernaturas y alcaldías, obviamente, con el consentimiento del gobernante en turno.
Sin embargo, influir desde la Federación en la distribución del presupuesto de las entidades federativas podría ser el inicio del fin de la autonomía ante la posibilidad de aplicar la misma medida en gastos que tienen que ver con educación, salud, protección civil y programas sociales, por citar algunos ejemplos.
Sobra decir que la intención de la 4T es limitar el gasto y desvío millonario del erario a través de la publicidad y difusión de la actividad gubernamental bien sea para satisfacer el ego de mandatarios “rockstar” o bien para abultar carteras.
A pesar de que la reforma a la Ley General de Comunicación Social podría estar matizada de objetividad y beneficio colectivo, la forma no sería la más adecuada.
Tan simple como recordar que el Federalismo que da paso a la autonomía y soberanía estatal fue el escudo protector del ex gobernador tamaulipeco FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA para eludir el desafuero de la Cámara de Diputados que le permitió protagonizar el peor saqueo de las arcas estatales en la historia de Tamaulipas, protegido con el fuero del Congreso Local.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Por supuesto que les asiste la razón a quienes señalan que el gobierno de la Cuarta Transformación eroga una suma millonaria por concepto de difusión de las conferencias mañaneras.
Desde esa óptica, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no estaría actuando objetiva y equitativamente al acotar el presupuesto en ese rubro a gubernaturas y alcaldías a tan solo el 0.1% del presupuesto anual, tal y como lo establece la reforma al artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social.
¿Cómo la ve?
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
