El llamado del presidente Biden en su discurso Estado de la Unión para que haya fuertes sanciones penales como respuesta al incremento de muertes vinculadas al potente opioide fentanilo está siendo criticada por defensores de la reducción de daños que aseguran que esa estrategia podría empeorar el problema, aun cuando algunos integrantes del Congreso abuchearon esos comentarios y culparon a los demócratas de las políticas fronterizas y por empeorar la crisis.
Las reacciones dejan al descubierto que prevenir las muertes por drogas toca diferencias políticas, prácticas y filosóficas, aun en la solución para una implacable crisis de sobredosis en Estados Unidos relacionadas con más de 100 mil muertes al año.
Después de presentar a un padre de New Hampshire cuya hija de 20 años murió hace ocho años de una sobredosis de fentanilo, Biden mostró una escalofriante estadística: “El fentanilo está matando más de 70 mil estadounidenses al año”.
Pocos legisladores gritaron “es debido a la frontera”. La voz de uno de ellos, el republicano Andy Ogles de Tennessee sonó claramente “Es su culpa”.
Biden hizo una pausa, sonrió con un dejo de superioridad y continuó, describiendo su estrategia para lidiar con la crisis, incluyendo el llamado para inspeccionar más paquetes y carga que entra al país.
Una frase en particular —“fuertes sanciones e imponer medidas estrictas en el tráfico de fentanilo”— generó el aplauso en la Cámara pero también provocó la crítica de los defensores de la reducción que trabajan para contener la crisis.
Aunque tales activistas apoyan otros aspectos del trabajo de Biden, su punto de vista es que manejar la crisis mayormente como un asunto de la aplicación de la ley hace que el problema sea peor, y que las “fuertes sanciones” podrían estar vinculadas a enlistar permanentemente las drogas relacionadas al fentanilo en el grupo más alto de sustancias controladas.
Eso generará mayores sanciones y que sea más difícil para los investigadores trabajar con ellos. Todas las drogas relacionadas con el fentanilo están enlistadas en esa división hasta el 2024, pero depende del Congreso decidir si lo hará de manera permanente.
“Cuando uno criminaliza las cosas, crea un estigma alrededor de las sustancias”, comentó Maritza Pérez Medina, directora de Asuntos Federales de la Alianza de Políticas sobre Drogas.
“Si la gente sabe que va a meterse en problemas por usar sustancias, van a rehusarse a solicitar ayuda”.
Harry Cullen, un organizador del grupo de defensores de la reducción del daño, PAIN por sus siglas en inglés, dijo que los esfuerzos para controlar el suministro de fentanilo ha dado lugar al surgimiento de otras sustancias aún más peligrosas en el suministro de drogas, tales como la Xylaxina, que es utilizada como un sedante por los veterinarios y el Nitazeno, otra clase de opioide.
“Aumentar la penalización no es la manera de seguir adelante”, dijo Cullen.
