La crisis migratoria no aminora, al contrario, se recrudece, incrementa y se empieza a desbordar por todo el territorio nacional.
Ahora motivado por la tragedia ocurrida el lunes en el centro de detención de ciudad Juárez, donde fallecieron por asfixia y quemaduras 39 migrantes de Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador y Ecuador, con 28 heridos más de gravedad, resulta que los demás albergues del Instituto Nacional de Migración (INM), están siendo rebasados y desalojándose sin ningún control, lo que está provocando una total anarquía y huida de migrantes hacia el noroeste, norte y noreste del país.
El tema hasta ahora, es que las autoridades federales tanto del propio INM, la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores, no han dado la respuesta esperada sobre la responsabilidad compartida que ha convertido este lamentable hecho en un crimen.
Las instrucciones del presidente de la República han sido de investigar a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo cual solamente está desviando la atención integral de este fenómeno que representa la migración por nuestro territorio, que no se disminuye, e incluso se está recrudeciendo con nuevas amenazas de aumentarse la migración por medio de nuevas e imparables caravanas.
Peor aún fue escuchar la postura de las autoridades encargadas de la migración por Estados Unidos, que definitivamente negaron que ellos tengan alguna responsabilidad y respuesta de apoyo ante esta auténtica crisis que se está convirtiendo en un «crimen de lesa humanidad».
Recordando, que en medio de estos auténticos éxodos migratorios de centroamericanos, caribeños y sudamericanos, se están multiplicando las expulsiones de nuestros propios emigrantes mexicanos, sumándose los contingentes que se aproximan en un promedio de 30 mil deportados mensualmente por el gobierno de Joe Biden, que desde el 5 de enero anunció que México aceptó admitir a 30 mil migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que sean expulsados de territorio estadounidense por cruzar la frontera de forma irregular.
En medio de esta auténtica crisis migrante, este viernes el presidente López Obrador anunció que se reunió con el activista migrante Alejandro Solalinde, para buscar crear un consejo migrante con organizaciones civiles.
El presidente aseguró que desde hace 10 días estaba preparando una reforma al Instituto Nacional de Migración (INM), así como la creación de un Consejo Ciudadano defensor de migrantes junto con el padre Alejandro Solalinde, sin embargo, “nos agarró esta situación, estábamos precisamente en eso”, explicando que Solalinde sería un integrante externo, porque es uno de los defensores de migrantes que siempre ha trabajado por ellos con sus albergues.
Esta iniciativa se da a conocer cuatro días después de que se incendió la estación del INM en Ciudad Juárez, por lo que aparece más bien como una medida desesperada, con clara intención de distracción del verdadero conflicto que tiene ya cinco años de ser mal atendido por las autoridades del INM, de Gobernación y de Relaciones Exteriores, que siguen sin responder ni dar la cara ante esta violación de los derechos humanos de los migrantes fallecidos y los heridos.
Vale recordar que el INM, es una de las instituciones del Estado mexicano con más quejas por violaciones a derechos humanos. El órgano a cargo de Francisco Garduño se ubica en el lugar tres en el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, solo detrás del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Órgano Administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC).
Incluso los avances de las investigaciones se han concentrado en generar seis órdenes de aprehensión contra los responsables materiales, sin incluir en dicha lista los responsables intelectuales o los inmiscuidos por omisión o falta de atención directa a los lamentables sucesos, donde se incluye al coordinador general del INM, el delegado local y regional del mismo Instituto.
Para ello, un juez ordenó el jueves la detención de seis sospechosos: tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos vigilantes privados y el migrante, señalados de homicidio y lesiones.
Queda por ejecutarse la captura de un guardia privado, dijo la fiscal especializada en Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, en rueda de prensa.
En medio de todo esto, la pregunta es, si se podrán tomar verdaderas medidas estructurales y precautorias, no solo para dar respuesta a este acto criminal, sino para poder evitar que se repitan los hechos lamentables, observando que están hacinados más de 50 mil migrantes en toda la frontera norte, que se deben agregar los más de 30 mil deportados por mes, más los contingentes que están entrando por Guatemala, y los que ya están cruzando desde el sur de Chiapas y Oaxaca.
Cálculos conservadores, estiman que en todo el año 2022 transitaron poco más de 2 millones de migrantes extranjeros y mexicanos en la búsqueda del sueño americano, y se calcula que, en estos tres meses de 2023, los números son mayores a los registrados en el mismo periodo del 2022.
No es con la creación de un Consejo Civil de apoyo a Migrantes como este problema se podrá resolver ahora. Es menester hacer un llamado al gobierno de Estados Unidos, Canadá, de los países expulsores de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, así como la Organización de las Naciones Unidas, OEA, ACNUR y todos los organismos de la Sociedad Civil, integrantes de casas de apoyo al Migrante, así como los investigadores universitarios de este tema que está haciendo una auténtica «implosión» en nuestro territorio mexicano.
México está convertido de facto, en un Tercer País Seguro, pero sin disponer de ninguna clase de apoyo económico y de infraestructura de los demás países involucrados en este fenómeno social, que no puede ser atendido ni un minuto más solamente por los mexicanos, estamos a tiempo de expresar este reclamo que es global y no sólo local…
