Por Mario Díaz
H. Matamoros, Tamaulipas.- El proceso interno de Morena para elegir a su candidato presidencial ha enfrentado a los articulados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y, por supuesto, al oficialismo y a la oposición.
En efecto, el partido en el poder nacional se escuda en el artículo 41 constitucional que establece que a los partidos políticos les corresponde organizar a los ciudadanos por lo que la actividad interna no violenta la Constitución, toda vez que se elegirá a un “Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación” y no precisamente un candidato presidencial.
Sin embargo, el párrafo segundo del artículo 226 de la LGIPE precisa con claridad que “durante los procesos electorales federales en que se renueve a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal y las personas integrantes de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección y no podrán durar más de 60 días”.
En ese contexto, el Consejo Político Nacional de Morena aprobó que el proceso para los aspirantes a la estafeta guinda inició el lunes 12 de junio y concluirá el día 6 de septiembre.
El acuerdo establece la propuesta de dos empresas encuestadoras, proselitismo al interior entre el 19 de junio y 27 de agosto promoviendo los logros de la cuarta transformación, encuestas entre el 28 de agosto y 3 de septiembre, del 4 al 6 de septiembre el procesamiento de datos y, en esa última fecha, se darán conocer los resultados y participante ganador.
No obstante, para el bloque opositor el proceso simulador de Morena significa una simulación tendiente a ganar 5 meses de proselitismo en la ilegalidad, en el entendido de que la Ley Electoral establece que las precampañas de los aspirantes a las candidaturas partidistas inician en noviembre y no en junio.
Es decir, Morena designará mediante el método de encuesta a su candidato al relevo del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pero con el camuflaje de un nombramiento partidista amparado en el artículo 41 de la Constitución.
Cabe señalar que, efectivamente, la designación de un “Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación” es un acto partidista que no violenta la ley, pero, en paralelo, quien resulte con mayor puntuación en las encuestas será el candidato de Morena y sus aliados a la presidencia de la república en 2024.
Desde ese ángulo, el Instituto Nacional Electoral (INE) podría enfrentar obstáculos para hacer valer la normatividad en la materia y decretar, si el caso lo requiere, la muerte político civil que representa la inhabilitación de un candidato que haya surgido en esas circunstancias adversas a lo que establece el artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Tampoco está definido si el árbitro electoral establecerá y vigilará los topes de gastos de campaña de los aspirantes a la candidatura de Morena, luego de que en teoría se elegirá a un “coordinador nacional” y no al candidato presidencial, aunque, en la práctica sí lo será.
Por cierto, la participación como “corcholatas” del diputado GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA del Partido del Trabajo (PT) y del senador MANUEL VELASCO del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), también es cuestionada por los opositores a la 4T.
Los inconformes argumentan lo que precisa el texto del artículo 227 de la LGIPE que a la letra dice: “Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre elle medie convenio para participar en coalición”.
Al respecto, existe la duda acerca de si las dirigencias del PT y PVEM hayan firmado y registrado el convenio respectivo, pues, de lo contrario, estarían impedidos para participar en el proceso interno de Morena para seleccionar al candidato guinda a la elección presidencial de 2024.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Ahora resulta que a pesar de la pésima y corrupta administración municipal que presidió, la ex alcaldesa panista LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ pretende repetir en el cargo por lo que ha decidido mostrarse en el “aparador político”.
Rápidamente olvidó el saqueo despiadado a la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros, la ridiculez en la presentación del Grupo Hércules, las cuentas públicas aún no aprobadas, su hipocresía religiosa y, además que, por encargo de su ex secretario de Desarrollo Social, LUIS ALFREDO BIASI, pretendió clausurar una empresa productora de lácteos para obtener 10 millones de pesos por el favor a un tercero.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
