Extorsiones, secuestros, amenazas, la confiscación o destrucción de sus pertenencias, violencia física y violencia basada en género son parte de los delitos que viven las personas migrantes en los retenes para poder llegar a Ciudad Juárez.
De acuerdo con el Monitoreo de Protección del Consejo Danés para Refugiados (DRC) en México, que se llevó a cabo del 6 de octubre de 2020 al 28 de julio de 2023 en 761 familias migrantes en Ciudad Juárez, las cuales estaban integradas por un total de 2 mil 068 personas, el 28.8 por ciento fue víctima de extorsión, el 13.1 por ciento fue amenazada y el 1 por ciento fue secuestrada, en todos los casos en un retén.
“El uso de controles migratorios y por parte del crimen organizado en distintas partes del país impide el libre movimiento de las personas migrantes en México al tiempo que promueve la política de contención. Las personas extranjeras se enfrentan con una práctica extendida de detención migratoria en el país”, señaló DRC.
Como parte de una intervención de ayuda humanitaria, el Monitoreo de Protección es una de las actividades principales para el Consejo Danés para Refugiados en México. A través de diversas metodologías, se busca identificar riesgos de protección de las personas migrantes, refugiadas, retornadas y desplazadas internas en el país.
Las encuestas fueron realizadas a 4 mil 314 familias, con un total de 11 mil 176 personas, en hogares en contextos de flujos migratorios mixtos en Tapachula y Ciudad Juárez, de manera conjunta con Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), con el apoyo financiero de la Unión Europea Protección Civil y Ayuda Humanitaria (ECHO), y en contextos de desplazamiento interno en Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán y otras localidades en Sinaloa, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El 75 por ciento de los encuestados en esta frontera dijo que se enfrentó a retenes, el 32.3 por ciento de ellos sin ningún incidente; sin embargo, el 28.8 por ciento dijo haber sido extorsionado, el 13.1 por ciento recibió amenazas, el 11.6 sufrió la confiscación de pertenencias, el 5.6 la destrucción de sus pertenencias, el 3.5 vivió violencia física, el 3 por ciento dijo haber sido víctima de violencia basada en género, el 1 por ciento fue secuestrado y otro 1 por ciento sufrió otros abusos.
Tres personas fueron monitoreadas en detención, quienes manifestaron abuso verbal por parte de las autoridades, falta de medidas de bioseguridad e incidentes de violencia. (Agencias)
