Diputadas y alcaldes del PAN y del PRI en Nuevo León denunciaron en la Cámara de Diputados ser víctimas de «terrorismo político» por parte del gobernador de la entidad, el emecista Samuel García.
En conferencia conjunta, dieron su testimonio y exigieron al mandatario estatal cesar las amenazas y el acoso en su contra y dejar de utilizar el aparato del Gobierno local para atacar a quien considera sus adversarios políticos.
La diputada del PAN, Myrna Grimaldo, acusó que desde el mes de mayo ha sido acosada por el Gobierno local.
Dijo que le fue clausurado un despacho que abrió hace 20 años y la semana pasada fueron colocados, sin justificación alguna, reductores de agua en la casa de sus padres, además de que familiares fueron despedidos de cargos que tenían en empresas privadas, luego de que los dueños de éstas fueron amenazados.
La legisladora recordó que, como resultado del acoso de la Administración local, Movimiento Ciudadano pasó de cinco diputados de representación proporcional a 11 legisladores en el Congreso local.
La panista Cecilia Robledo afirmó que ha sido víctima de violencia política en razón de género, ya que la bancada naranja en el Congreso local la ha desconocido como diputada y le han negado el acceso a su curul.
Denunció que en su lugar pretende colocar al ex subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, Óscar Flores, quien obtuvo la mitad de los votos que ella. Para ello, agregó, buscan saltarse a otras cinco mujeres que se encuentran en la lista y que obtuvieron más votos que él.
La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, lanzó un «ya basta» y demandó al Gobernador respetar el Estado de Derecho y la división de poderes, a fin de que existan las condiciones para la coordinación entre el Gobierno local y los municipios, sobre todo los gobernados por la Oposición. (Agencias)
