La reforma al Poder Judicial provocó una crisis pública sin precedente en la Suprema Corte; la partió en dos.
El pleno de la Corte se reunió esta semana para votar su posición ante el paro de trabajadores del Supremo Tribunal y ocho ministros se manifestaron por el apoyo y tres en contra.
Tras esa decisión, las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz advirtieron en un comunicado que parar labores en la Corte es inconstitucional, y sus colegas podrían ser sujetos de juicio político, pues incurren en probables delitos al mantener sus remuneraciones durante la suspensión.
Dicho pronunciamiento generó una respuesta de los 8 ministros, encabezados por la titular de la Corte, Norma Piña.
«Lamentamos profundamente las descalificaciones, los infundios y las amenazas contenidas en el pronunciamiento conjunto hecho público por la minoría, dirigidas en contra de las y los Ministros que integramos esta mayoría», afirmaron en un comunicado los Ministros que respaldaron el paro.
El episodio exhibió la división irreconciliable entre ambos bloques y la fractura que se hará más profunda tras la aprobación de la reforma judicial de la 4T.
El Pleno se reunirá el lunes 9 de septiembre para valorar si mantiene el paro, que fue aprobado por el 89 por ciento de los empleados de la Corte en seguimiento de la protesta de trabajadores administrativos, jueces y magistrados de tribunales y oficinas judiciales.
El grupo de seis ministros y dos ministras que votaron a favor del paro y que ha echado abajo, en los últimos dos años, reformas a leyes secundarias que Morena y aliados aprobaron sin cambiar la Constitución o con violaciones graves de procedimiento, reiteró que la suspensión de labores en la Corte, como en el resto de los tribunales, no es total.
La circular aprobada por la mayoría, durante una reunión en la que ya no participaron las ministras disidentes, aclara que sólo se mantendrán guardias para tramitar asuntos urgentes, de los que la Suprema Corte no conoce muchos, ya que es órgano de última instancia, a diferencia de juzgados y tribunales.
El Pleno tiene en lista 28 asuntos, de los que estaban por verse casos menores por leyes estatales, algunas de ellas de vigencia anual.
Pero la lista también incluye proyectos que se han venido aplazando, entre ellos, los que que anulan leyes aprobadas por Morena y sus aliados en el llamado «Viernes Negro» de abril de 2023; la extinción de algunos fideicomisos ordenada por el Congreso en noviembre de 2020, así como la posible orden de inaplicar en México la prisión preventiva oficiosa. (Agencias)
