Hugo Reyna / Corresponsal
Posicionamiento del Consejo Coordinador Empresarial de Reynosa. En las últimas semanas, nuestra ciudad ha sido testigo de acontecimientos de inseguridad que han dejado una profunda herida en el tejido social.
La inseguridad que nos aqueja ha cobrado víctimas directas y colaterales de manera lamentable; y hoy ha segado la vida del ciudadano José de La Luz Martínez Ramírez, quien se convirtió en una víctima más de la violencia que azota nuestra región.
Estos sucesos nos agravian y nos duelen como sociedad, ya que reflejan una realidad alarmante en nuestra región, que no nos permite sentirnos seguros, ni protegidos.
A pesar de los esfuerzos desplegados por las instancias gubernamentales de seguridad, los resultados no han sido suficientes. Las cifras y las estadísticas no reflejan la realidad que vivimos día a día al prevalecer la sensación de la falta de protección.
Es prioritario que las autoridades atiendan la situación con acciones concretas y tangibles, respaldadas con los recursos necesarios requeridos para enfrentar esta crisis de seguridad.
Exigimos acciones concretas y asignación transparente de recursos En este sentido, es fundamental destacar que el sector empresarial ha cumplido con su parte al aportar 1,600 millones de pesos anuales correspondiente del 1% del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en 2024, un recurso que, en teoría, debería estar destinado exclusivamente a combatir la inseguridad.
Sin embargo, la realidad es que estos fondos no se han traducido en mejoras significativas de equipamiento, mantenimiento y capacidad operativa de nuestras corporaciones policiales.
Las carencias en patrullas, tecnología y recursos humanos en materia de seguridad persisten, y las solicitudes de apoyo se pierden, ya que no corresponde a las urgentes necesidades de la ciudadanía. Ante esto, exigimos la creación de un fondo estatal específico y transparente para la seguridad pública, que garantice que los recursos del 1% del ISN sean asignados de manera proporcional a los municipios que más los necesiten y en proporción a lo que aportan. Es fundamental establecer un mecanismo claro, eficiente y verificable que asegure que estos fondos sean utilizados exclusivamente para mejorar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y brindar resultados tangibles a la ciudadanía.
