Por: Lic. Bárbara Lera Castellanos.
La problemática de la deuda y fiscalización de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido un tema crítico en la agenda económica de México, especialmente bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ahora enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como un gran reto a ser superado.
En 2025, Pemex podrá endeudarse hasta 246,491 millones de pesos, lo que representa el 20% del total del endeudamiento federal autorizado para ese año, que asciende a 1.246 billones de pesos. Este aumento en el techo de deuda es un reflejo de la necesidad de la empresa para cubrir vencimientos significativos y mantener su operación en un contexto de gastos reducidos.
Desde 2019 hasta septiembre de 2024, las transferencias gubernamentales a Pemex han sumado 824,000 millones de pesos, utilizados tanto para proyectos de inversión como para amortizar deuda.
El apoyo financiero constante a Pemex ha tenido un costo elevado para las finanzas públicas. En términos reales, los ingresos petroleros han caído un 6.1% en comparación con el año anterior, lo que ha generado una presión adicional sobre el presupuesto federal.
La deuda total de Pemex se espera que alcance los 97,000 millones de dólares al cierre de 2024, lo que equivale a aproximadamente 1.969 billones de pesos. Esto plantea serias preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal del gobierno mexicano, ya que cada vez más recursos se destinan a cubrir las obligaciones financieras de Pemex en lugar de otros servicios públicos esenciales.
La situación financiera de Pemex se ha deteriorado significativamente. A pesar del apoyo fiscal, la empresa reportó pérdidas netas por 430.1 mil millones de pesos en el tercer trimestre de 2024, la mayor cifra desde 2020. La estructura de su deuda también ha empeorado; la proporción de deuda a corto plazo ha aumentado dramáticamente desde 2019. Esto significa que Pemex enfrenta una creciente presión para refinanciar sus obligaciones a medida que vencen.
La administración actual de Claudia Sheinbaum, ha implementado diversas estrategias para intentar estabilizar a Pemex, pero los resultados han sido limitados. Aunque se han reducido las tasas impositivas y se han postergado pagos fiscales para aliviar la carga financiera, la falta de un plan claro y efectivo para aumentar los ingresos y mejorar la eficiencia operativa ha llevado a que la situación siga siendo crítica.
Para el futuro inmediato, se proyecta que Pemex necesitará continuar con un alto nivel de endeudamiento para cubrir sus obligaciones y mantener su operación. Sin embargo, esto plantea riesgos adicionales: si no se cumplen las proyecciones de producción o precios del petróleo, el endeudamiento podría superar lo aprobado, exacerbando aún más la crisis financiera.
El nuevo régimen fiscal propuesto este año para Pemex establece un único impuesto denominado Derecho Petrolero para el Bienestar, que será del 30% sobre la producción de petróleo, y que podría ser menor si el precio del crudo cae por debajo de 57.8 dólares por barril. Este impuesto sustituye a tres gravámenes anteriores: el Derecho de Explotación, el Derecho de Extracción y el Derecho de Utilidad Compartida (DUC), que actualmente se sitúa en 35%. La reducción de la carga fiscal es significativa, ya que el DUC se había reducido de 65% a 35% entre 2019 y 2024.
Sin embargo, el éxito del nuevo impuesto depende de la producción petrolera de Pemex, que actualmente se encuentra en 1.3 millones de barriles diarios, por debajo de la proyección gubernamental de 1.8 millones. Esto sugiere que es probable que los ingresos petroleros sean menores, lo que afectaría las finanzas públicas.
El principal desafío para Pemex no es la carga fiscal, sino el declive en su producción, las pérdidas en refinación y la falta de reservas debido a la falta de exploración en el sexenio anterior. Esto refuerza la idea de que actualmente Pemex no contribuye a las finanzas públicas; más bien, son las finanzas públicas las que sostienen a Pemex.
La reforma fiscal no resolverá los problemas estructurales de la empresa. Pemex necesita abordar sus pérdidas en refinación, restaurar sus reservas y decidir sobre la operación de la refinería Dos Bocas.
Para alcanzar la autosuficiencia en gasolinas, se requeriría una inversión mínima de 8 mil millones de dólares en modernización.
Pemex tiene una deuda a corto plazo con proveedores que asciende a 400 mil millones, representando el 84% de su presupuesto anual. La reforma propuesta enfrenta incertidumbres legales y podría contradecir acuerdos internacionales como el T-MEC.
En resumen, aunque el nuevo régimen fiscal podría ofrecer alivio temporal a Pemex, no aborda los problemas fundamentales que enfrenta la empresa, lo que plantea dudas sobre su viabilidad futura.
