Dr. Jorge A. Lera Mejía.
Las amenazas de deportaciones masivas de indocumentados mexicanos y el cierre de la frontera a nuevos braceros han comenzado a reflejar un impacto negativo significativo en el flujo de remesas hacia México y Tamaulipas.
Este fenómeno no solo afecta a las familias que dependen de estos ingresos, sino que también tiene implicaciones económicas más amplias para el país.
En los primeros dos meses de 2025, las remesas en México presentaron su menor incremento en doce años, con una variación anual de solo 0.56%. Esto contrasta con el 3.27% registrado en el año anterior, según datos del Banco de México (Banxico).
La desaceleración se debe principalmente al debilitamiento del valor promedio de los envíos de dinero, que descendió a 383 dólares, frente a los 386 dólares del año anterior, su máximo histórico.
En Tamaulipas, la situación es particularmente preocupante. En 2024, hubo una disminución de 80 millones de dólares en las remesas recibidas en comparación con el año anterior, lo que representa una continuación de una tendencia a la baja iniciada en años recientes. Esto afecta a más de 222,000 familias que dependen de estos ingresos para satisfacer sus necesidades básicas.
Las políticas de deportación de indocumentados por parte del gobierno de Estados Unidos han generado incertidumbre entre los migrantes, lo que reduce el flujo de remesas. Muchos mexicanos y tamaulipecos que trabajan en Estados Unidos son indocumentados y su deportación significaría una pérdida significativa de ingresos para sus familias en México.
La restricción a nuevos braceros mexicanos limita las oportunidades laborales en Estados Unidos, lo que a su vez reduce el número de personas que pueden enviar remesas.
La posibilidad de un impuesto del 10% a los envíos de dinero desde Estados Unidos también ha contribuido a la desaceleración de las remesas, ya que esto aumentaría el costo para los remitentes.
Las consecuencias de esta disminución en las remesas son profundas:
Las remesas son fundamentales para el consumo doméstico en México, ya que sostienen a millones de familias y dinamizan los mercados locales. Una reducción en estas remesas afectará directamente el crecimiento económico del país.
Las familias que dependen de las remesas para satisfacer necesidades básicas como alimentación, vivienda y educación se verán particularmente afectadas. Esto podría aumentar la pobreza y la desigualdad en regiones como el Altiplano de Tamaulipas.
La llegada de deportados podría presionar aún más el mercado laboral mexicano, que ya enfrenta desafíos estructurales. Esto podría aumentar el desempleo y reducir los salarios, complicando la reintegración de los migrantes a la economía local.
Para 2025, se estima que las remesas podrían caer entre 1.3% y 3% respecto a 2024, dependiendo del número de deportaciones que se lleven a cabo. Esto marcaría el fin de una década de crecimiento continuo en el flujo de remesas, iniciado en 2014.
Las amenazas de deportaciones masivas y el cierre de la frontera están teniendo un impacto negativo significativo en las remesas de México y Tamaulipas. Esto no solo afecta a las familias que dependen de estos ingresos, sino que también tiene implicaciones más amplias para la economía y el bienestar social del país.
