Por Mario Díaz
H. Matamoros, Tamaulipas.-Por considerar que es un texto de interés público que, obviamente podría polarizar opiniones, trascribimos íntegra la prosa del ciudadano Héctor Guillermo Maldonado Maldonado:
De la denuncia del sabadazo a la acción del madruguete: la estrategia presidencial que está desmantelando al Poder Judicial de la Federación.
El diccionario americanismos define tanto el término sabadazo como el de madruguete como sigue:
*Sabadazo: Maniobra para impedir que un inculpado apele al recurso de amparo en días no hábiles.
*Madruguete: Significa, en política, acción que se realiza de manera adelantada al comportamiento previsto del adversario.
Dicho esto, recordemos que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solía descalificar a los jueces del país acusándolos de practicar el llamado sabadazo: resoluciones judiciales emitidas en fines de semana que, según él, liberaban a presuntos delincuentes “bajo el amparo de la ley de corrupción”.
“Esto es una vergüenza-dijo en una de sus conferencias- ¿cómo es posible que de lunes a jueves se libere a 58 y el fin de semana a 192? Esto en sí ya es una denuncia y es corrupción”.
Y la presidente de la República, Claudia Sheinbaum, ha retomado esa narrativa con afirmaciones similares.
AMLO y Sheinbaum convirtieron el término sabadazo en un emblema de su lucha contra la corrupción judicial. Su crítica la centraron en la falta de transparencia y la presunta complicidad de jueces para favorecer impunidad.
Lo irónico y profundamente preocupante, es que esa misma presidencia que usó el sabadazo como bandera política contra el Poder Judicial, ha ejecutado recientemente un auténtico madruguete institucional.
Como adelanté, un madruguete es una acción política que se realiza antes de lo previsto, para sorprender y desactivar al adversario. Y eso, exactamente eso, es lo que ha ocurrido con los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial. Hoy, el gobierno federal repite el mismo patrón que denunciaba, pero desde el poder ejecutivo.
Los fideicomisos-cuya extinción aún no se consuma legalmente-están siendo desviados para financiar al ISSSTE, ignorando que su destino constitucional era cubrir las indemnizaciones de los magistrados y jueces removidos por la reforma judicial.
Esto no solo viola el marco legal, sino que pisotea la voluntad popular expresada en la Constitución.
En efecto, hoy el gobierno federal aplica su propia maniobra de opacidad: un auténtico madruguete, dado que esa maniobra que no fue notificada, discutida ni transparentada.
Simplemente, Nacional Financiera transfirió más de 10 mil millones de pesos de cuatro fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal directamente a la Tesorería de la Federación. Lo hizo sin esperar el proceso legal de extinción de dichos instrumentos ni respetar las posibles suspensiones judiciales en curso. El CJF ya no pudo ni siquiera acceder a las cuentas.
El régimen sostuvo que todos los fideicomisos debían extinguirse bajo el argumento anticorrupción que siempre ha pregonado, y el de austeridad republicana, pero su manejo actual revela opacidad y arbitrariedad. Por lo tanto, corrupción y derroche.
Es así, porque con este madruguete se desaparecieron recursos fundamentales: fondos para pensiones complementarias, apoyos médicos, infraestructura judicial y vivienda funcional. Fondos construidos a lo largo de años para garantizar un mínimo de dignidad y operatividad a quienes imparten justicia en el país.
Lejos de ser un acto contra la corrupción y de austeridad, se trata de un golpe deliberado al corazón de la Judicatura, que ahora queda desarmada e incapaz de asegurar condiciones mínimas a sus integrantes.
AMLO solía decir. “Antes todo era clandestino, no se sabía nada”. Pero hoy, sucede exactamente lo mismo con la administración de la presidente actual, opera mediante madruguetes y con la misma opacidad: sin rendición de cuentas, sin respeto a los plazos legales y priorizando intereses políticos sobre los derechos laborales y el Estado de derecho.
Lo más grave es que este madruguete viola no sólo principios básicos de legalidad y buena administración, sino la voluntad popular plasmada en la Constitución reformada por el propio gobierno, que establece que los jueces y magistrados cesados por no ser reelectos deben ser indemnizados con recursos federales, recursos que provendrán-según lo dispuesto-de los fideicomisos una vez extinguidos conforme a derecho.
El artículo transitorio correspondiente es claro y no da lugar a interpretación distinta: los fondos deben ser primero extinguidos, luego transferidos a la Tesorería, y finalmente usados para pagar esas indemnizaciones. Cualquier otro destino es una traición al texto constitucional.
El madruguete del Ejecutivo, al disponer anticipadamente de esos recursos para entregarlos al ISSSTE, es no sólo un uso indebido del dinero público, sino una usurpación de la voluntad del pueblo, que votó por un Poder Judicial eficiente, operante e independiente, no por su demolición financiera y moral.
Parafraseando al propio López Obrador, esta acción bien podría calificarse como él lo hacía con los jueces:
“¡Esto es una vergüenza! ¿Cómo es posible que en el presupuesto anual no se hayan asignado los recursos necesarios para el ISSSTE, y luego, de manera sorpresiva dispongan de los fideicomisos, sin antes de extinguirlos legalmente y para fines distintos a los previstos constitucionalmente por el pueblo? Ya esto, en sí, es una denuncia, y es corrupción”.
Hoy, más que nunca, se confirma que lo que está en juego no es sólo el dinero, sino la justicia, la libertad y el equilibrio de poderes.
Si hoy pueden desaparecer sin aviso ni legalidad los recursos que protegían al Poder Judicial, mañana pueden desaparecer mucho más.
Lo menos que le exigimos al oficialismo es coherencia y transparencia, porque si para ellos un sabadazo judicial es “corrupción”, ¿qué nombre merece un madruguete gubernamental que desvía recursos públicos violando la Constitución?
La sociedad debe demandar congruencia: si el discurso oficial condenaba las maniobras opacas, no puede ahora replicarlas.
Vuelvo a decirlo: El mensaje es claro: “¡Este madruguete es una vergüenza! ¿Cómo es posible que dispongan de esos recursos antes de extinguir los fideicomisos? Esto es en sí una denuncia, y es corrupción”.
La verdadera transformación requiere ética, no dobles estándares.
Si no, estará Benito Juárez para recriminarles “Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan”
Héctor Guillermo Maldonado Maldonado
¿Cómo la ve?
DESDE EL BALCÓN:
I.-Sin duda se trata de una opinión respetable y respetada que coloca en esquinas opuestas al gobierno de la Cuarta Transformación y a los impartidores de justicia.
Y hasta la próxima.
