Por José Gregorio Aguilar
Introducción
La reciente reforma a la Ley de Telecomunicaciones ha encendido alertas entre organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos digitales en México. En entrevista exclusiva con Ana Gaitán, representante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), se analizan los riesgos que esta legislación plantea para la privacidad, el ecosistema informativo independiente y la crítica ciudadana en redes.
🧱Riesgos estructurales: acceso sin límites ni salvaguardas
Ana Gaitán advierte que, como en reformas previas, persiste el acceso discrecional a datos personales como la geo localización y los registros telefónicos, muchas veces sin autorización judicial.
“Autoridades sin facultades legales siguen interviniendo comunicaciones privadas sin control judicial ni supervisión independiente”, señaló.
La desaparición del INAI agrava la situación, dejando sin garantía de transparencia ni derecho de notificación a las personas afectadas. Gaitán compartió un caso documentado por The New York Times donde este tipo de vigilancia fue utilizada para monitorear opositoras políticas y periodistas.
Este vacío institucional convierte la vigilancia en una práctica aún más opaca y desprotegida para la ciudadanía.
CURP y vigilancia algorítmica: el doble filo de la identificación
Otro punto crítico fue el requerimiento de presentar CURP o RFC para contratar servicios móviles. Aunque parece un trámite menor, asocia directamente la identidad oficial con la ubicación geográfica en tiempo real, generando perfiles altamente sensibles.
“Se conserva de forma masiva e indiscriminada la ubicación geográfica de los usuarios, y eso abre la puerta a abusos contra la intimidad”, advirtió Gaitán.
Además, señaló el riesgo de exclusión para comunidades rurales que no cuentan con documentos oficiales, afectando su acceso a internet.
Lo que aparenta ser un trámite rutinario se convierte en una herramienta para perfilar, rastrear y vulnerar la intimidad.
Ecosistema digital bajo presión: medios y ciudadanos en la mira
La vocera de R3D relacionó la nueva ley con otras iniciativas como la Ley de Inteligencia y la Ley de Seguridad Pública, que buscan crear una plataforma nacional de interconexión de datos.
“Las autoridades tendrían acceso irrestricto y en tiempo real a nuestras compras, contratos, servicios y datos biométricos”, explicó.
Este entorno de hiper-vigilancia inhibe el ejercicio de la crítica y la libre expresión, especialmente para medios independientes y usuarios que denuncian actos de corrupción.
El internet deja de ser espacio de libertad, y se transforma en terreno vigilado.
Libertad de expresión bajo amenaza en México
En el marco de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, diversas organizaciones han alertado sobre los riesgos que esta iniciativa representa para la libertad de expresión, la privacidad y el ejercicio periodístico en México.
Postura de R3D: Vigilancia fuera de control
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) publicó el informe El Estado de la Vigilancia, donde documenta:
– Un aumento del 540 por ciento en intervenciones de comunicaciones privadas entre 2017 y 2023.
– Uso sistemático de tecnologías de espionaje como Pegasus, incluso por parte del Ejército.
– Acceso a geo localización sin autorización judicial en más de 13,000 ocasiones.
– Contratos opacos y sobreprecios en la adquisición de herramientas de vigilancia.
R3D advierte que estas prácticas se desarrollan en un entorno de opacidad, abuso e impunidad, afectando a periodistas, activistas y ciudadanía en general.
Artículo 19: Riesgos de censura y concentración de poder
La organización internacional Artículo 19 ha señalado que la nueva Ley de Telecomunicaciones:
– Otorga facultades al Ejecutivo para bloquear plataformas digitales sin orden judicial.
– Elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), debilitando la regulación autónoma del sector.
– Impone el uso obligatorio de CURP biométrica para activar líneas móviles, lo que vulnera la privacidad.
– Facilita la censura previa, al permitir que la Agencia de Transformación Digital supervise contenidos sin criterios claros.
Artículo 19 considera que esta ley es regresiva e insuficiente en materia de derechos humanos, y alerta sobre su impacto en comunidades indígenas, medios independientes y usuarios digitales.
⚠️ Casos documentados de censura y vigilancia
Diversos medios han reportado casos recientes que evidencian un entorno hostil al periodismo:
– En Campeche, un periodista fue judicialmente prohibido de mencionar a la gobernadora Layda Sansores.
– En Puebla, se aprobó una reforma penal que sanciona expresiones digitales bajo criterios ambiguos.
– En CDMX, el INE exigió a medios como La Silla Rota entregar fuentes y documentos bajo amenaza de multas millonarias.
Cierre reflexivo: Lo que está en juego
En medio de esta controversia jurídica y digital, el periodismo se posiciona como un acto de resistencia. La posibilidad de comunicar libremente, proteger fuentes, investigar sin ser rastreado… no es un privilegio: es una garantía democrática.
Este reportaje no solo documenta la preocupación de especialistas y organizaciones, sino que da voz a un contexto donde ser periodista, comunicador o ciudadano informado se ha vuelto una labor de alto riesgo.
Más allá de la ley, lo que se debate es nuestra capacidad de ser críticos sin temor, de ser periodistas sin vigilancia, de ser ciudadanos sin silencios impuestos.
La democracia se sostiene en voces que informan, y este reportaje es parte de ese eco.
