Por José Gregorio Aguilar
La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Tamaulipas alertó sobre la preocupación del sector privado ante la falta de parámetros técnicos claros en la implementación de la “Ley Silla”. Esta reforma, que exige proporcionar sillas con respaldo a trabajadores que laboran de pie, contempla sanciones de hasta 222 mil pesos por incumplimiento.
El secretario general de CATEM, Hugo Mario Torteya Chymely, subrayó que la capacitación y el involucramiento de las comisiones mixtas son fundamentales para el cumplimiento efectivo de la norma. Sin ellos —advirtió— muchas empresas, principalmente micro y pequeñas, quedarían expuestas a multas a partir del próximo 6 de diciembre, cuando venza el periodo de gracia de 180 días otorgado por la ley.
Además, señaló que la ausencia de directrices precisas, como la duración de pausas activas o criterios de riesgo ergonómico, genera complicaciones en la planeación de turnos, impacto en la productividad y aumento de costos laborales. Esto ha obligado a empleadores a adoptar medidas subjetivas que podrían reducir entre el 9% y el 12.5% de la jornada laboral.
Aunque ya se han realizado más de 2 mil 400 inspecciones, Torteya destacó que existe un segundo periodo de adaptación, de otros 180 días, que podría extender la tolerancia operativa en algunos sectores, aunque no impide la vigilancia ni la aplicación progresiva de la ley.
Especial atención se ha puesto en los centros comerciales, donde ya se notificó que el cumplimiento será obligatorio a partir de diciembre.