Por: Lic. Bárbara Lera Castellanos, Integrante de América sin Muros, ONG y Dr. Jorge A. Lera Mejía, Investigador UAT, Nivel II del SNII SECIHTI.
En la última década, México dejó de ser únicamente un país expulsor de migrantes rumbo al norte. Hoy, en un giro inesperado, se ha convertido en un país de tránsito obligado y, cada vez más, en un país de destino.
El “sueño americano”, que por generaciones atrajo a centroamericanos, caribeños y mexicanos, se transforma lentamente en un “sueño mexicano”, una idea contradictoria en un país que apenas logra sostener a su propia población frente a la pobreza, la desigualdad y la inseguridad.
La migración interna mexicana tradicional, marcada por el éxodo rural hacia las grandes ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara o Tijuana, ha mutado. Ya no se trata solo de campesinos en busca de oportunidades o jornaleros expulsados por la falta de empleo. Son familias enteras las que huyen del miedo. El desplazamiento interno forzado, reconocido por instancias internacionales, no solo crece, sino que se multiplica a un ritmo alarmante.
De acuerdo con estimaciones coincidentes de distintas agencias, más del 40% del territorio nacional enfrenta condiciones de violencia e inseguridad que empujan a comunidades enteras al desarraigo.
A este fenómeno interno se suma otro aún más complejo: la llegada masiva de migrantes extranjeros. Venezolanos, haitianos, cubanos y centroamericanos, que antes veían en México una escala breve hacia Estados Unidos, se han quedado atrapados en la frontera vertical que Washington impuso al sur del Río Bravo.
El resultado es que México, sin haberlo planeado, está siendo forzado a convertirse en un «país de acogida», cargando con responsabilidades para las cuales carece de infraestructura social, política y económica.
Las cifras lo muestran sin matices: las solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la ACNUR, OIM, INM y la ACNUDH, se duplicaron en el último bienio. Miles de familias esperan meses para procesar trámites, mientras sobreviven en albergues saturados o en campamentos improvisados.
El sistema de salud pública, ya colapsado, no da abasto para atender a mexicanos y migrantes por igual. La educación enfrenta salones llenos de niñas y niños recién llegados, con maestros sin recursos para brindar atención diferenciada.
A este cuadro se añade una variable inédita: el regreso masivo de connacionales deportados y de otras diásporas desde Estados Unidos, en cifras que podrían superar el millón anual si se confirman los anuncios del actual gobierno republicano.
El drama humano tiene «rostro femenino e infantil». Mujeres migrantes, muchas con hijos pequeños, representan hoy la cara más visible y vulnerable de este fenómeno. Ellas son las primeras en sufrir explotación laboral, violencia sexual y discriminación en un entorno donde el Estado mexicano apenas logra garantizar protocolos de mínima protección.
Los «menores, acompañados o no», constituyen el grupo más frágil y a menudo el más olvidado.
Lo que subyace tras estas caravanas y éxodos es que México no está preparado. Su bajísimo nivel de formalidad laboral, déficit de vivienda, sistema de salud en crisis y mercados saturados de mano de obra dejan poco margen para diseñar una integración sostenible. Los programas de apoyo actuales —coyunturales, parciales, muchas veces financiados por cooperación internacional— parecen curitas o aspirinas frente a una herida profunda que exige cirugía de fondo.
Sin embargo, este fenómeno no es solamente mexicano. Es global. Se replica en Europa con las diásporas africanas y asiáticas, y en América con el estallido de migrantes que cruzan varias fronteras en busca de refugio.
¿Qué hemos aprendido como humanidad desde Marrakech en 2018, cuando se firmó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular?
Al parecer, muy poco. El paradigma securitario sigue prevaleciendo sobre el enfoque de derechos humanos, y los países más desarrollados continúan cerrando fronteras mientras descargan sobre naciones intermedias, como la mexicana y la Turca la carga migratoria, de ambos continentes.
México está en un cruce histórico. No puede seguir improvisando con apoyos temporales; necesita una política integral que articule seguridad, desarrollo e integración multicultural.
Un nuevo modelo migratorio de respeto a los derechos humanos e inserción productiva, como el recién planteado por la Comisión de Derechos Humanos de la CdMx y Agenda Migrante, en la presentación del nuevo libro «Migración: bienestar social e inserción laboral» el pasado 8 de agosto.
Una estrategia que proteja de manera prioritara a «mujeres y niños», y que al mismo tiempo convoque a la corresponsabilidad de «los países expulsores», hoy omisos y en complicidad.
Es imprescindible, además, exigir que los otrora países destino —Estados Unidos y la Unión Europea— reconozcan su responsabilidad en un fenómeno que excede fronteras.
Mientras tanto, millones de vidas se redefinen día a día en las carreteras, estaciones migratorias y barrios de acogida en México. El país se debate entre la oportunidad de convertirse en un «referente de solidaridad multicultural» o el riesgo de «colapsar bajo una presión social» sin precedentes.
El “sueño mexicano” avanza a pasos agigantados, pero aún no está claro si ese sueño será esperanzador o, en cambio, una pesadilla compartida…