Por José Gregorio Aguilar
La diputada local Lucero Deosdady Martínez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Diversidad, confirmó que ha recibido al menos seis denuncias ciudadanas contra la jueza Roxanne Ibarra Canul, titular del Juzgado Tercero de lo Familiar en Altamira, por presuntas irregularidades en procesos de custodia de menores.
“Las quejas son reiterativas y preocupantes. Se habla de diligencias sin notificación, ausencia de personal del DIF, y uso excesivo de fuerza por parte de autoridades policiales. Todo esto en casos que involucran niñas y niños, lo cual agrava la indignación social”, señaló la legisladora.
Uno de los casos más mediáticos involucra a una menor de tres años, donde se denuncia que no se respetaron los protocolos con perspectiva de género ni el interés superior de la infancia. “La madre no fue escuchada, no hubo presencia institucional adecuada, y se violentaron garantías básicas”, detalló Martínez.
La diputada, quien también es abogada, anunció que solicitará un acercamiento formal con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Hernán de la Garza Tamez, para que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial revise los antecedentes. “La ciudadanía no pide nada fuera de la ley. Pide justicia imparcial, apegada al derecho, y jueces que actúen con ética”, afirmó.
Martínez destacó que la reciente manifestación ciudadana en Tampico, aunque el caso se originó en Madero, refleja el hartazgo social ante decisiones judiciales que afectan directamente a las familias. “No vamos a re victimizar a nadie. Pero sí exigimos que se escuche a quienes claman justicia”, dijo.
La legisladora confía en que la renovación del Poder Judicial, que incluye la creación de un órgano disciplinario externo, permitirá sancionar a quienes incumplan su deber. “Antes, el mismo órgano administrativo evaluaba a los jueces. Hoy, con un tribunal independiente, ya no se puede ser juez y parte. Este cambio es para proteger a todas las niñas y niños, no solo en un caso, sino en todos los que vendrán”.