De enero a agosto de 2025, las redadas y deportaciones en EE.UU. han aumentado de forma significativa bajo la administración actual, con un récord de detenciones y deportaciones, pero también con un incremento notable en el uso de alternativas a la detención (ATD), especialmente los grilletes electrónicos.
ICE detuvo a más de 109,000 inmigrantes entre enero y junio de 2025, superando cifras de años recientes y duplicando los arrestos del mismo periodo en 2024.
Se estima que hasta agosto se han efectuado cerca de 200,000 deportaciones, con la proyección de superar las 300,000 para el año fiscal, la cifra más alta en al menos una década.
El ritmo de redadas aumentó desde mayo, con operaciones notorias en grandes centros de trabajo y comunidades migrantes.
Texas lideró con cerca del 25% del total nacional (más de 20,000 arrestos en seis meses).
Le siguen Florida (11%), California (7%), Georgia (4%) y Arizona (3%).
Un crecimiento relevante se detecta en el uso de alternativas a la detención (ATD), como grilletes electrónicos, monitoreo por GPS y presentación periódica ante ICE.
En junio, había 59,000 personas detenidas en centros de ICE, frente a 39,000 en enero, pero la cifra de personas bajo vigilancia ATD es aún mayor y sigue creciendo.
Redadas masivas han tenido lugar tanto en centros de trabajo como en espacios públicos, con centenares de extranjeros detenidos en un solo operativo (p.ej., 475 en Hyundai Georgia en septiembre).
Texas y Florida presentan mayor cooperación local con ICE, facilitando las acciones de arresto y deportación.
El enfoque de la administración ha sido informar sobre las deportaciones masivas, pero los datos muestran un aumento de personas bajo programas de ATD y una diversificación de las tácticas de ICE.
La mayoría de los detenidos son personas sin antecedentes penales graves, y la política migratoria apunta a cumplir con una meta ambiciosa: un millón de deportaciones en el año.
Estos hechos permiten dimensionar la magnitud, el alcance estatal y los cambios en la ejecución de la política migratoria de EE.UU. en 2025.
DATOS OFICIALES ICE:
Deportaciones (enero-agosto 2025)
ICE deportó a más de 269,000 personas entre el 20 de enero y el 20 de agosto de 2025, una cifra no vista en más de una década.
El ritmo mensual de deportaciones ha ido en aumento:
Enero: 19,000
Febrero: 25,000
Marzo: 28,000
Abril: 33,000
Mayo: 35,000
Junio: 41,000
Julio: 43,000
Agosto (estimado): 45,000.
El promedio diario de deportaciones recientes es de aproximadamente 1,435 diarias.
Más de 109,000 inmigrantes fueron arrestados por ICE entre el 20 de enero y el 27 de junio de 2025.
La mayoría de los detenidos son de origen mexicano (casi 40,000), seguido por guatemaltecos (15,000), hondureños (12,000), venezolanos (8,000) y salvadoreños (5,000).
Las detenciones priorizaron estados fronterizos y del sur, especialmente Texas (25%), además de Florida (11%), California (7%), Georgia (4%) y Arizona (3%).
Aunque las detenciones aumentaron rápidamente a inicios del año, en julio y agosto se observó una caída significativa, con 1,007 arrestos diarios en promedio en agosto (lejos de la meta oficial de 3,000 diarias).
La proporción de arrestos por delitos graves sigue siendo baja; la mayoría de los detenidos no tiene antecedentes penales graves.
IMPACTO EN MÉXICO:
El aumento de las deportaciones de EE.UU. ha tenido un impacto significativo en México durante 2025, no solo por la cantidad de retornados, sino por la presión en programas de atención y la disminución de remesas.
Entre enero y agosto de 2025, más de 56,300 mexicanos han sido repatriados, una disminución del 30% respecto al año anterior, pero con fuerte concentración en estados y ciudades fronterizas como Tamaulipas, Sonora, y recientemente Chiapas y Tabasco por el Procedimiento de Repatriación al Interior.
El gobierno federal ha implementado el programa “México te abraza”, habilitando albergues temporales, programas de reinserción laboral y recursos para enfrentar la llegada de connacionales, pero la presión en servicios sociales y en el mercado laboral local es notoria, sobre todo en estados con alta migración como Chiapas, Tamaulipas y Coahuila.
La llegada masiva de deportados incrementa la competencia laboral y puede presionar salarios a la baja y elevar el desempleo, especialmente en regiones tradicionalmente expulsoras de migrantes.
REMESAS: CAÍDA HISTÓRICA
Las medidas de control migratorio y las deportaciones han provocado una disminución del flujo de remesas:
Se proyecta una caída de 5.8% en remesas enviadas a México al cierre de 2025, lo que equivaldría a recibir unos 61,000 millones de dólares, frente a 64,700 millones en 2024.
Abril de 2025 tuvo la mayor caída mensual en remesas (12.14%) desde 2012.
El menor ingreso de remesas afecta directamente a millones de familias mexicanas para necesidades básicas y actividad local, elevando la vulnerabilidad económica, sobre todo en estados altamente dependientes como Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Chiapas.
Si bien las deportaciones masivas de mexicanos han sido menores de lo esperado hasta la fecha, el potencial de un nuevo repunte, sumado al estancamiento o reducción de nuevas migraciones y la fortaleza del peso, podría causar una contracción aún mayor en remesas y tensiones en el tejido social y económico mexicano.
La crisis de reinserción y la afectación en las finanzas de comunidades migrantes podrían agravarse si persiste la actual política estadounidense.
El aumento de deportaciones ya está teniendo efectos económicos negativos en México, especialmente en remesas y presión sobre servicios sociales y mercados laborales en regiones emisoras de migrantes.
ESTADOS MÁS AFECTADOS:
Las entidades con mayor dependencia de remesas y más afectadas por la caída son:
Chiapas (remesas equivalentes al 14.6% del PIB estatal)
Guerrero (14.0%)
Michoacán (11.2%)
Zacatecas (10.9%)
Oaxaca (10.3%)
En estas regiones, la reducción de remesas implica menos recursos disponibles para consumo, inversión familiar y actividad local, reforzando la vulnerabilidad y el deterioro económico regional.
En síntesis, la migración por frontera norte de México se ha desplomado, las rutas se diversifican y cambia la lógica regional — con más migrantes optando o forzados a quedarse en México o retornar al sur, y una cascada de nuevos retos sociales y humanitarios.
FUTURO INCIERTO:
México enfrenta un futuro incierto y desafiante debido al aumento de deportaciones, la caída de remesas y la escasez de empleos formales tanto para nacionales como para migrantes que llegan o retornan al país.
La reducción de remesas proyectada para 2025 es del 5.8% (equivalente a cerca de 3,700 millones de dólares menos que en 2024), lo que afecta directamente a millones de hogares, especialmente en los estados con alta dependencia de estos recursos como Michoacán, Chiapas, Guerrero, Zacatecas y Oaxaca.
El empleo formal es insuficiente: apenas 4,900 empleos fueron facilitados oficialmente a deportados en 2025 hasta agosto, una cifra muy baja frente al volumen de retornados y la demanda laboral nacional.
La informalidad sigue dominando el mercado laboral mexicano, abarcando más de la mitad de la población ocupada, dificultando la inserción productiva, la protección social y el acceso a servicios básicos tanto para mexicanos como para migrantes extranjeros.
Los retornados y migrantes enfrentan altas tasas de pobreza, menor acceso a servicios sociales y vivienda, y mayor vulnerabilidad psicosocial, incrementando el riesgo de exclusión y tensiones en comunidades receptoras.
Las carencias de empleo y la caída de remesas pueden acelerar la migración interna, informalidad, pobreza, y, en casos extremos, el retorno hacia países de origen de migrantes extranjeros o el surgimiento de nuevos circuitos migratorios secundarios.
La incertidumbre macroeconómica, el estancamiento del empleo formal y la menor entrada de dólares complican las perspectivas de crecimiento y estabilidad territorial, pero existen potenciales oportunidades si México logra captar inversiones futuras (nearshoring) y crear estrategias integradoras para migrantes y retornados.
La política migratoria y laboral será determinante: México necesita dar respuestas más flexibles y humanas para evitar un deterioro social, aprovechar el "bono demográfico" y transformar la migración en motor de desarrollo regional, no solo paliativo.
La combinación de estos factores genera un contexto de alta vulnerabilidad económica y social, y requiere una acción inmediata y estructural para evitar una profundización de la crisis en comunidades más frágiles y garantizar oportunidades reales para nacionales y extranjeros.