Hugo Reyna / Corresponsal
Tras el desalojo de alrededor de 500 familias en predios que por espacio de una década ocuparon en forma irregular, en el area identificada como “23 de marzo”, plantea ahora la exigencia de que esas familias reciban ahora el respaldo de emprender su patrimonio propio con certeza jurídica.
Lo anterior fue expuesto en entrevista por Alfredo Juárez Maldonado, ex regidor del Cabildo de Reynosa, quien además cuestiona cómo fue posible que un dia antes de iniciar funciones el Poder Judicial del Estado, se haya liberado una orden judicial de desalojo.
Detalla que es cuestionable el hecho, que mientras el pasado martes se realizaba la ceremonia de toma de posesión de los nuevos integrantes del Poder Judicial, en Reynosa un Juez de Distrito concedió la orden de desalojo, misma que fue ejecutada con apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Guardia Estatal.
-Todo eso tendrá que ser motivo de investigación en su momento, dijo, Juárez Maldonado, pero ahora lo que apremia es que las familias que, por causa de este lanzamiento judicial, perdieron su vivienda y pertenencias, ahora merecen acceso a una certeza patrimonial- expresó.
Recordó que en la Administracion Municipal 2011-2013 de la cual fue parte del Cabildo, se suscitó la invasión en unas áreas adyacentes al Rio Bravo conocido como Fraccionamiento “Los Patos”.
En aquel entonces, se realizaron las gestiones ante el Instituto Tamaulipeco de la Vivienda y Urbanización (Itavu). Ofreciéndoles un predio por el rumbo de la colonia Integración Familiar, asi como crédito de inicio de construcción, apoyo para transporte, entre otros beneficios sociales, tras la reubicación.
“Es lo que ahora esperamos de las autoridades municipales y estatales, que se les brinde asistencia y apoyo a las familias que hoy se quedaron sin su casa y pertenencias, tras este desalojo”, apuntó.
