Por José Gregorio Aguilar
Lo que comenzó como una inconformidad por el cobro de permisos estatales a conductores de plataformas digitales como Didi y Uber, se convirtió en una denuncia colectiva contra el gobierno municipal de Eduardo Gattás. A través de un video publicado en redes sociales, los trabajadores del volante cuestionaron la falta de condiciones mínimas para operar en la ciudad, y acusaron al Ayuntamiento de no cumplir con su obligación.
“Hoy, mientras muchos pagamos por ganarnos el pan, vemos semáforos que no funcionan. Calles con baches que parecen cráteres y retenes improvisados sin información oficial”, señala el video que circula en Facebook.
Aunque el permiso es gestionado por el gobierno estatal, los comentarios de los conductores apuntan directamente a la administración municipal, a quien acusan de abandono, opacidad y falta de coherencia.
“Cobrar por un servicio que no te garantizan es pedir que paguemos por viajar sobre problemas que el propio gobierno debería resolver”, se escucha en el mensaje.
La crítica se extiende a la falta de transparencia en el uso de recursos públicos, la ausencia de programas de inspección claros y el deterioro de la infraestructura urbana.
“Primero arreglen las calles, semáforos, alumbrado… después, si hay necesidad legítima, cobren con transparencia y rendición de cuentas.”
La protesta digital se suma a una serie de señalamientos que han surgido en torno al alcalde Gattás, quien en su informe de gobierno aseguró:
“Impulsamos la rendición de cuentas porque la confianza se honra con claridad. Cada acuerdo, cada peso ejercido, a la vista de todos.”
Sin embargo, como se ha documentado previamente, el Ayuntamiento de Victoria no publica los sueldos ni prestaciones de sus funcionarios, incumpliendo el artículo 70 de la Ley General de Transparencia.
La incongruencia entre el discurso oficial y la realidad urbana ha convertido a los conductores de plataformas en una nueva voz del descontento ciudadano.
