Por José Gregorio Aguilar
A nueve días de la desaparición de la hija de Gabriela Salazar —caso que activó una Alerta Amber el pasado 1 de octubre— la diputada local Lucero Deosdady Martínez López exigió al Tribunal de Disciplina Judicial revisar la actuación de la jueza Roxana Ibarra Canul, quien entregó la menor al padre, pese a que la justicia federal ya había restituido la patria potestad a la madre.
“Su mala actuación provocó que el padre se haya llevado sin consentimiento a la niña. Podría incluso tener una sanción de ser removida”, declaró la legisladora.
La jueza, adscrita al Cuarto Juzgado de lo Familiar en Altamira, autorizó la entrega de la menor al padre, quien posteriormente desapareció con ella.
Martínez López confió en que el nuevo Poder Judicial del Estado actúe con firmeza y que el Tribunal de Disciplina Judicial dé seguimiento puntual al caso.
“Ojalá que la gente se atreva y presente denuncias en el nuevo Tribunal. Que se atreva.”
La diputada reveló que ha recibido al menos ocho denuncias sobre presuntas irregularidades en juicios de patria potestad en Tamaulipas.
Aunque por el marco legal no se considera secuestro, sino sustracción, el impacto emocional y legal es el mismo: menores separados de sus cuidadores legítimos por decisiones judiciales cuestionables.
“Mi obligación es escuchar las voces. No tengo pruebas, salvo la palabra, pero actuamos de buena fe. Hay que investigar.”
A raíz del caso de Gabriela Salazar, más padres y madres se han acercado a la legisladora para denunciar situaciones similares.
Martínez López adelantó que se está revisando el marco normativo estatal, en sintonía con las reformas federales que ya permiten pruebas anticipadas para proteger a menores en juicios familiares.
“Tenemos confianza en que el Poder Judicial hará las cosas bien, no solo en Tamaulipas, sino a nivel federal”.
La desaparición de una menor por una decisión judicial no puede quedar en silencio.
Y para la diputada, el mensaje es claro: cuando la justicia falla, debe rendir cuentas