Por José Gregorio Aguilar
En Tamaulipas se han registrado “agarrones impresionantes” entre directivos escolares y padres de familia por el manejo de recursos provenientes de las aportaciones voluntarias. Así lo denunció Alejandro Águila, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPAF), quien acusó que algunos directores defienden ferozmente el dinero para ejecutarlo sin rendición de cuentas, mientras las autoridades educativas permanecen al margen.
“No es dinero público como para que la Secretaría no tome en cuenta nada. Y ahora con sus consejitos escolares, quieren ejecutar sin consultar. Eso no se puede permitir”, expresó Águila.
Águila criticó que las asociaciones de padres de familia son la única organización social de carácter nacional sin representación en el aparato de gobierno, ni en el legislativo, ni en los ayuntamientos. A pesar de ser convocados para participar en consejos escolares, su rol se limita al control del dinero, sin voz en decisiones pedagógicas ni administrativas.
“Nos involucran solo para el control del dinero. Y cuando hay conflictos, los funcionarios nos responden con justificaciones mediocres, sin fundamento ni motivación.”
El presidente de ANPAF denunció que la Secretaría de Educación de Tamaulipas incurre en omisión grave, al no conformar la asociación estatal de padres de familia, figura obligatoria según la Ley General de Educación. Esta omisión, dijo, viola el derecho de libre asociación y rompe el vínculo oficial entre las familias y la autoridad educativa.
“Cada estado debe tener su asociación estatal registrada. Es el órgano de interlocución oficial. Y en Tamaulipas no existe.”
Ante esta situación, Águila anunció que lanzará una convocatoria nacional para que los padres de familia manejen directamente sus aportaciones, sin intermediarios ni grupos escolares que no rinden cuentas:
“Tenemos un reglamento claro. Nuestros recursos no son caja chica de profesores ni de esos nuevos grupitos que están formando sin sentido.”
Esta denuncia no solo revela conflictos internos: expone el abandono institucional que viven miles de familias en Tamaulipas, donde el derecho a participar en la educación de sus hijos se ha convertido en una lucha contra el silencio, el control administrativo y la omisión legal.