Opacidad de Gattás abre la puerta a la corrupción

Por José Gregorio Aguilar
Ante el incumplimiento sistemático del Ayuntamiento de Victoria en materia de transparencia, la sociedad civil no tiene más opción que documentar las fallas institucionales como primer mecanismo de exigibilidad del derecho a la información.
Sarahí Salvatierra, investigadora de Fundar, advierte que el sistema no permite un acceso fácil ni rápido, como prometía la reforma, y que esta opacidad abre la puerta a discrecionalidad, corrupción y desvío de recursos.
En respuesta, plataformas ciudadanas como Amnesia y Abrimos Info buscan recuperar la memoria institucional y ofrecer alternativas de consulta pública.
Información básica oculta: sueldos, contratos y servicios
La Ley de Transparencia establece que ciertos datos deben estar disponibles sin necesidad de solicitud, como sueldos del personal, contrataciones y servicios ofrecidos. Sin embargo, en el portal del Ayuntamiento de Victoria no aparece nada de eso.
“Ni siquiera la información más básica está accesible. Eso es una transgresión directa al derecho a la información”, denunció.
Documentar para exigir: el rol de periodistas y organizaciones civiles
Salvatierra subraya que, ante el vacío institucional, la documentación ciudadana se vuelve una herramienta de exigibilidad. Organizaciones como Fundar, junto con periodistas, han asumido la tarea de evidenciar las fallas del sistema, no solo para denunciar, sino para construir memoria pública.
“La tarea que tienen las organizaciones civiles y periodistas es documentar estas fallas y hacerlas evidentes como un primer mecanismo de exigibilidad del derecho.”
También destacó el papel de plataformas como Amnesia y Abrimos Info, que funcionan como repositorios ciudadanos para recuperar información que el Estado oculta o deja de publicar.
“Utilizar estas plataformas ciudadanas también es una forma de poder recuperar la memoria institucional de lo que hacen las autoridades o la toma de decisiones”.
La entrevista con Fundar confirma lo que la ciudadanía ha vivido en carne propia: un gobierno que promete transparencia, pero opera desde el silencio y la opacidad. Y un órgano garante que, lejos de proteger, se convierte en cómplice por omisión