Desde hace tiempo —por no decir años— en el CBTA 55 se vive una incertidumbre laboral que mantiene preocupados a docentes y personal administrativo.
Lo que comenzó como rumores terminó confirmándose: la gestión del hoy exdirector Fermín Aguillón Reyes dejó mucho que desear, tanto para los padres de familia como para la comunidad educativa.
La situación se agravó recientemente, cuando el exdirector presentó su informe. Las cuentas simplemente no cuadraron y los padres exigieron explicaciones que nunca llegaron.
Hoy, menos que nunca, porque Aguillón ya no ocupa el cargo.
Por si fuera poco, el exdirector parecía contar con el respaldo de la coordinadora estatal de la DGTEyCM, María Guadalupe Samantha Montiel Orduño, quien nunca se sentó a escuchar al personal, lo que hace suponer que estaba en total acuerdo con las decisiones cuestionadas.
Lo más preocupante es que este no es un caso aislado. Hace unas semanas estalló otra inconformidad en el norte del estado, en H. Matamoros, donde el personal del CBTA 274 también exige transparencia.
Sin embargo, las irregularidades persisten y las autoridades brillan por su ausencia.
Como si esto fuera poco, ahora se denuncia que la coordinadora estatal pretende usurpar funciones, asignando personal en planteles donde no se necesita.
Esto es grave porque ella no está facultada para hacerlo: sus atribuciones se limitan a ser enlace con las oficinas centrales en la Ciudad de México. No puede mover ni designar personal, y aun así lo intenta.
La pregunta es inevitable: ¿Hasta cuándo seguirán estas prácticas sin consecuencias? La educación técnica agropecuaria merece orden, transparencia y respeto a la normatividad.
Lo contrario solo profundiza la crisis y erosiona la confianza de quienes sostienen estas instituciones: padres, alumnos y maestros.