Frente a las protestas de un grupo de directoras contra la supervisora de USAER, Adriana Cervantes Chiquito —quien a su vez ha realizado manifestaciones para exigir su reinstalación en la Unidad de Apoyo Número Uno—, la Secretaría de Educación del Estado informó que se está escuchando a todas las partes involucradas en el conflicto.
En reunión encabezada por la Subsecretaria de Educación Básica, Nora Hilda de los Reyes Vázquez, con la presencia del área jurídica y la directora de Educación Elemental, Martha Ortiz, se explicó que mientras se desarrolla el proceso de investigación a cargo de una comisión bipartita, la atención a los niños con alguna condición de vulnerabilidad está garantizada.
La situación se originó por quejas de cinco directoras contra la supervisora Cervantes Chiquito. “Tenemos que escucharlas, escucharlos, lo que plantea un grupo de la supervisora y dos directoras, y lo que plantean cinco directoras de esa misma Unidad de Apoyo”, señaló de los Reyes Vázquez.
La comisión bipartita, integrada por la Secretaría de Educación (parte jurídica) y la Sección 30 del SNTE, será la encargada de emitir un resolutivo. Mientras tanto, se aclaró que la supervisora no está suspendida ni despedida, sino concentrada provisionalmente en un Centro de Maestros para evitar la interrupción del servicio educativo.
Las autoridades hicieron un llamado a las maestras manifestantes a no descuidar la atención a los niños con discapacidad o condiciones de vulnerabilidad. “El servicio no se ha parado”, afirmó la Subsecretaria, reiterando que la instrucción del Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, es garantizar la continuidad del servicio.
Por su parte, la directora de Educación Elemental subrayó que el conflicto radica en una “falta de empatía” entre la supervisora y las directoras inconformes, cinco de las siete bajo su cargo. “Estamos en espera de un resolutivo; el trabajo se sigue dando, la atención se sigue dando, las escuelas siguen abiertas”, puntualizó.
Finalmente, se reconoció que el proceso jurídico podría extenderse más de una semana, aunque se descartó la amenaza de tomar oficinas en caso de no haber resolución inmediata.