Dr. Jorge A. Lera Mejía
Especialista en políticas públicas.
El anuncio de un nuevo recorte “franciscano” para sostener gasolinas y programas sociales confirma que el margen de maniobra del gobierno federal se está agotando y que la salida no puede seguir descansando sólo en subsidios discrecionales y endeudamiento cuasi fiscal vía Pemex.
La coyuntura exige reconstruir instituciones, reglas y contrapesos que hoy están debilitados y que son los únicos capaces de dar seriedad y horizonte a la economía mexicana.
Subsidio caro y sin brújula
El propio gobierno ha reconocido que deja de percibir más de 5 mil millones de pesos semanales por la reducción del IEPS a gasolinas para contener el alza de precios provocada por el encarecimiento del petróleo.
Sin ese estímulo, la gasolina magna podría rondar los 33 pesos por litro, pero el precio se mantiene en torno a 24 pesos, es decir, la diferencia se cubre con recursos públicos.
Ese alivio inmediato a los consumidores se financia recortando otros rubros del gasto federal y postergando pagos, en particular a proveedores y contratistas ligados a Pemex.
La petrolera, a su vez, ha tenido que pactar esquemas para diferir casi 30 mil millones de pesos de deuda con proveedores hasta en ocho años, confirmando una fragilidad estructural que tarde o temprano se traslada a las finanzas públicas.
Canasta básica y controles parciales
En paralelo, el gobierno ha renovado el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para 2026, acordando con el sector privado mantener el precio de 24 productos de la canasta básica en un tope de 910 pesos durante el año.
El objetivo es proteger el ingreso real de los hogares, evitando que la inflación de alimentos erosione los aumentos salariales y los programas sociales.
Sin embargo, el propio acuerdo reconoce que fuera de esos 24 productos otros insumos han incrementado sus precios en promedio 15%, lo que muestra el límite de estos pactos voluntarios y acotados.
No se trata de un ancla macroeconómica integral, sino de un dique parcial que contiene una parte de la presión inflacionaria mientras otros precios siguen ajustándose.
Fragilidad institucional y señales equivocadas
El uso intensivo de subsidios, acuerdos coyunturales y “ahorros franciscanos” desnuda la ausencia de instituciones fuertes en varios frentes clave: una regla fiscal creíble, un consejo fiscal autónomo, un Pemex sujeto a una verdadera gobernanza corporativa y reguladores energéticos con independencia efectiva.
En los últimos años se han debilitado órganos técnicos, se ha centralizado la toma de decisiones y se ha politizado la relación con los reguladores, restando certidumbre a inversionistas y consumidores.
La consecuencia es un triángulo perverso: menor inversión privada por desconfianza, menor crecimiento potencial y mayor dependencia de subsidios para contener el malestar social. El país se vuelve más vulnerable a choques externos, como la actual guerra en Medio Oriente que disparó los precios internacionales del crudo, y sin amortiguadores institucionales el costo se traslada de inmediato a las finanzas públicas.
Hacia una salida propositiva
Salir de esta crisis no pasa por profundizar la improvisación, sino por reconstruir reglas claras y contrapesos.
Un primer paso sería transparentar por completo el costo fiscal del IEPS y fijar una trayectoria de desmantelamiento gradual del subsidio, combinada con apoyos focalizados a transporte público y hogares vulnerables, en vez de un apoyo generalizado a todo automovilista.
Paralelamente, se requiere un programa de consolidación fiscal de mediano plazo, avalado por un consejo fiscal independiente, que proteja la inversión pública productiva y no sólo el gasto corriente.
En el frente energético, México necesita sincerar la situación de Pemex: revisar proyectos no rentables, acelerar alianzas con privados y separar la política social del manejo empresarial para evitar que la petrolera siga siendo la caja chica del presupuesto.
Finalmente, reconstituir los órganos autónomos, los reguladores sectoriales y las instituciones estadísticas enviaría una señal inequívoca de seriedad al sector privado, condición indispensable para que la inversión retorne, el empleo formal repunte y el país deje de administrar emergencias para empezar a construir futuro.
Cambio de posturas ideológicas
La actual encrucijada económica puede convertirse en oportunidad si México decide tomarse en serio la inversión productiva ligada al nearshoring y a proyectos energéticos como el fracking, bajo estrictos estándares ambientales y regulatorios. Una política clara de certidumbre jurídica, respeto a contratos y fortalecimiento institucional podría detonar un nuevo ciclo de inversión privada, empleo formal y recaudación. Así, los subsidios dejarían de ser un salvavidas permanente y pasarían a ser un apoyo transitorio en una economía con motores genuinos de crecimiento.
Por último, la verdadera política social hoy es apostar por proyectos estratégicos productivos que generen empleos bien pagados y sostenibles. Es momento de transitar gradualmente de becas asistenciales generalizadas a inversiones que formen capital humano, infraestructura y empresas capaces de sostener el bienestar sin subsidios permanentes.