La Comisión Nacional del Agua (Conagua) enfrenta críticas tras otorgar en menos de 90 días concesiones de agua a la empresa FOK STORE, S.A. de C.V., propiedad de los argentinos Federico Guillermo y Miguel Mariano Piccone.
El caso ha sido calificado como un acto de favoritismo y tráfico de influencias, en contraste con la realidad de los agricultores locales, quienes deben esperar entre tres y cinco años —o recurrir a juicios de amparo— para obtener una resolución.
Estrategia para evadir la normativa
Documentos técnicos revelan que los empresarios obtuvieron dos títulos de concesión (09TAM161865/26AADA25 y 09TAM161901/26AADA26) para el Rancho El Pretexto, en el kilómetro 65 de la carretera Zaragoza-Llera.
La irregularidad no solo radica en la rapidez del trámite, sino en la presunta fragmentación del expediente para evitar requisitos ambientales:
• División de trámites: Dos concesiones de 95 hectáreas cada una, sumando 180 hectáreas.
• Evasión de SEMARNAT: Al mantener cada expediente por debajo de 100 hectáreas, se evitó presentar la Manifestación de Impacto Ambiental.
• Volúmenes masivos: Cada título ampara 950 mil metros cúbicos de agua, con el mismo punto de bombeo en el río Guayalejo.
Impacto social y denuncias de corrupción
La asignación ocurre en un contexto de escasez hídrica que afecta a ejidos de Llera y Xicoténcatl. Pobladores denuncian que, mientras a ellos se les niega el recurso o se les aplican criterios “revanchistas”, a los extranjeros se les otorgan beneficios mediante presuntos pagos ilegales.
La comunidad exige al Órgano Interno de Control de Conagua una revisión exhaustiva de los títulos, acusando a la autoridad de simular procesos legales y permitir que intereses externos pasen por encima de los derechos de los tamaulipecos.
Escalada de protestas
La indignación ha derivado en movilizaciones y bloqueos en la carretera Victoria-Zaragoza y frente a las oficinas de Conagua en Ciudad Victoria.
Los productores reclaman justicia hídrica ante la sequía que golpea al campo y repudian que, mientras el Gobierno federal les niega prórrogas de concesión necesarias para acceder a subsidios eléctricos de la SADER, se entreguen volúmenes millonarios a empresarios extranjeros previamente señalados por desviar cauces del río Guayalejo sin sanciones reales.