Para garantizar certeza jurídica y proteger el patrimonio de las familias tamaulipecas, el Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, informó que la administración estatal ha intensificado la fiscalización del gremio notarial, llegando incluso a instancias penales en casos de irregularidades graves.
“Todas las notarías han sido visitadas mínimo una vez; algunas hasta en tres ocasiones, para verificar que las escrituras y documentos no vulneren el patrimonio de las y los tamaulipecos”, señaló.
En lo que va del año, la Subsecretaría de Legalidad y Servicios ha realizado cerca de 200 inspecciones. De los 325 Fiats existentes, actualmente operan alrededor de 278, sobre los cuales se han recibido 41 quejas formales de la ciudadanía.
El funcionario adelantó que, en coordinación con el Colegio de Notarios y el Instituto Registral y Catastral, se trabaja en la implementación de papel seguro, códigos QR y trámites telemáticos para dar mayor certeza a los procesos notariales.
Villegas González subrayó que el Gobierno del Estado no permitirá abusos contra la propiedad privada: “Hemos recurrido a la Fiscalía General de Justicia del Estado; se han presentado denuncias de ciudadanos que han visto dañado su patrimonio. Si es necesario retirar alguna notaría, se tomarán cartas en el asunto”.
En el ámbito social, destacó que la encuesta de 2024 posiciona a Tamaulipas como uno de los estados con mayor avance en la reducción de la vulnerabilidad. La pobreza extrema se redujo en un 50%, al pasar de 101 mil personas en 2022 a poco más de 50 mil en 2024.
Ante ello, informó que la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya es clara: localizar a cada una de esas 50 mil personas e integrarlas a programas de bienestar. “No puede haber un ser humano en el estado que no tenga lo mínimo indispensable en su mesa”, afirmó.
Finalmente, resaltó el impacto de las brigadas móviles del Registro Civil, que han permitido otorgar actas de nacimiento a personas mayores de 70 años en comunidades rurales que nunca habían contado con identidad jurídica. Estos servicios facilitan el acceso inmediato a programas federales y elevan la calidad de vida en zonas históricamente olvidadas, bajo una política de “humanismo y empatía” que caracteriza a la actual administración.